La Defensoría del Pueblo de Bolivia alertó este viernes que ya van nueve muertes violentas ocurridas en distintas cárceles del país en lo que va de año, ante lo cual pidió a las autoridades no permitir que estos casos queden impunes.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, mencionó en sus redes sociales que con el reciente deceso de un recluso en la región andina de Oruro "ya son nueve las muertes violentas al interior de penales en lo que va del año.
No podemos dejar que continúe la impunidad así como la pasividad de las autoridades encargadas de administrar los centros penitenciarios, sostuvo.
El suceso referido por el defensor ocurrió en la cárcel de San Pedro en Oruro, donde un recluso que cumplía condena por narcotráfico fue hallado muerto en el sector de duchas del recinto con señales de violencia.
El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, precisó el miércoles que el caso, que inicialmente parecía un suicidio, se investiga como una muerte violenta tras los resultados de la autopsia que confirmaron que el recluso presentaba múltiples lesiones de gravedad en el cuerpo, lo que sugiere que fue golpeado.
Se ha podido advertir que había un estallido de hígado, lo que confirma una agresión severa, según el análisis pericial, las lesiones serían compatibles con golpes propinados con un zapato de punta dura”, detalló Morales, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.
La Fiscalía abrió un proceso penal por vejaciones y torturas para encontrar a los responsables del suceso.
Entre enero y febrero se tenía registro de al menos siete reclusos que perdieron la vida en diferentes penales bolivianos tras situaciones de violencia en sus celdas, incluso en algunos casos con la complicidad de policías.
Expertos en esta problemática advirtieron que el hacinamiento, la falta de infraestructura y la corrupción son causantes de estos crímenes entre privados de libertad que pugnan espacios de poder y beneficios a costa de otros en Bolivia.
En 2024 había más de 32.000 privados de libertad en el país, aunque la infraestructura total fue diseñada para la mitad e incluso menos de esa cantidad, según datos oficiales.
Callisaya recordó este viernes que la Defensoría y una veintena de organizaciones civiles presentaron hace unos días una propuesta para encarar la problemática del sistema carcelario.
Una de las medidas solicitadas en esa propuesta fue la aprobación de un indulto para presos en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que desde 2021 no existen decretos vigentes en ese sentido.
En junio de 2024, el Legislativo nacional aprobó una Ley de indulto y amnistía por razones humanitarias, pero la norma no fue promulgada.
El miércoles, el presidente boliviano, Luis Arce, firmó un decreto para la concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias.
La norma alcanza sobre todo a reclusos cuya detención preventiva haya superado el tiempo máximo de duración del proceso penal sin contar con una sentencia, hombres mayores de 58 años y mujeres mayores de 55, personas con discapacidad grave o muy grave, con enfermedades en estado terminal, embarazadas y madres en periodo de lactancia o con hijos menores de un año.
El decreto excluye a los reclusos procesados o sentenciados por delitos que no admitan indulto, a quienes estando privados de libertad hubieran cometido otro delito, a los reincidentes y a quienes ya se hubieran beneficiado con amnistías en los cinco años anteriores.
Entre 2013 y 2018, unos 5.000 privados de libertad fueron indultados en Bolivia, según datos oficiales.