En medio del bloqueo de carreteras protagonizado por un sector del transporte pesado, en demanda de dólares y combustibles, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó este martes que no se puede polarizar más al país e incluso expresó su temor de que ocurra un enfrentamiento entre bolivianos.
“En el caso de los bloqueos, como Defensoría hemos sido claros: para nosotros es importante observar el derecho a la protesta que tiene la gente, pero también observar el derecho que tienen las terceras personas no involucradas en la conflictividad y, finalmente, a todas las partes en conflicto, (decirles) que puedan generar espacios de diálogo porque no podemos sustentar el ejercicio de nuestro derecho anulando el derecho de los demás”, señaló Callisaya durante una visita a la ciudad de Sucre.
Agregó que una manifestación o un bloqueo “generalmente es parte de la externalización de una demanda que no ha sido resuelta anteriormente” y que por eso exhorta a que se puedan generar los espacios de diálogo.
Sin embargo, “el mensaje es, no solamente para los transportistas, sino cualquier actor social que está utilizando una medida de presión que puede ser legítima, pero definitivamente hay que extremar esfuerzos para dialogar, generar soluciones; no podemos fraccionar más, polarizar más el país, ya estamos en una situación que va a llegar a un enfrentamiento entre bolivianos y eso no podría suscitarse en un espacio democrático en el que la institucionalidad del Estado debe resolver esta situación”, dijo.
El transporte pesado cumple este martes el segundo día de su paro de 48 horas con el bloqueo de algunas de las principales carreteras del país.
Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualizada hasta las 09:37, hay seis puntos de bloqueo instalados en el departamento de Oruro, también otros seis puntos de conflicto en Potosí, uno en Cochabamba y otro en Santa Cruz.
El lunes, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, consideró que ha comenzado nuevamente el matonaje, el golpe de Estado, por parte de los transportistas.