La Defensoría del Pueblo considera una “censura al libre pensamiento de las y los universitarios y que se vulnera la libertad de expresión de la comunidad universitaria” con la resolución que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) publicó en su gaceta universitaria, en la que establece institucionalmente como causal de proceso universitario la difamación y calumnia realizada por cualquier medio, ya sea escrito o digital, en abuso de las tecnologías de información y comunicación a través de las plataformas digitales, redes sociales o sistemas informáticos.
La institución se pronunció a través de su sitio web, donde publicó: “La libertad de expresión se traduce en el derecho que tienen los ciudadanos de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por lo tanto, la restricción a este derecho implicaría su vulneración, en su dimensión tanto individual como colectiva”. La Defensoría ha anunciado que “estará vigilante para que este principio democrático sea plenamente garantizado”.
Más adelante, el pronunciamiento señala: “La Defensoría del Pueblo recuerda que la instancia competente para promover la acción penal es el Ministerio Público y bajo su responsabilidad está la dirección funcional de las actuaciones investigativas realizadas por la Policía Boliviana, mismas que tienen por finalidad individualizar a los posibles autores y establecer los medios, mecanismos e instrumentos, así como su forma de utilización en la realización de un hecho delictivo, no pudiendo recaer esta función en un servidor público dependiente de una casa superior de estudios”.
La emisión de Resolución rectoral N° 144/2022, de la UMSA, se dio después de que se generaron "memes que dañan la imagen y dignidad del universitario Álvaro Quelali”, secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL).
Otras resoluciones
De acuerdo con la Gaceta Universitaria de la UMSA existe, al menos, un proceso en contra de Quelali. En 2021 fue denunciado, junto a otros universitarios, por otra estudiante por: “persecución mediática, amedrentamiento, amenazas y discriminación a tres universitarias”.
En la misma fecha existe otra resolución, esta vez rectoral, la 232, que asigna, “en calidad de préstamo”, una vagoneta Nissan Frontier modelo 2009 a la FUL “para el desarrollo de sus actividades” y determina que el responsable será Quelali.