Los abogados defensores de la ex presidenta, Jeanine Áñez revindicaron la existencia de una proposición acusatoria en contra de la exmandataria en la Asamblea Plurinacional y dijeron que son dos poderes del Estado que reconocieron a Áñez como mandataria y ahora llevan el caso a un tribunal ordinario.
“Hay tres instancias, dos órganos del Estado, dos poderes que reconocen que el juicio del caso Senkata es un juicio de responsabilidades de acuerdo al artículo 184 de la Constitución Política del Estado, entonces, qué hacemos con todo eso”, cuestionó el abogado, Alain de Canedo, del equipo de asesores que tiene la exmandataria.
En julio de 2021 las familias de las víctimas presentaron la proposición acusatoria en contra de la ex mandataria ante la Fiscalía General y esta instancia remitió al Tribunal Constitucional la consulta sobre el juicio de privilegio; luego en agosto la propia fiscalía presentó cuatro proposiciones acusatorias en contra de Áñez en el parlamento. En septiembre de 2021 la comisión mixta de Justicia Plural inició el tratamiento de las cuatro acusaciones, una de ellas es por el caso Senkata.
Alain de Canedo, también dijo que el apresuramiento del Gobierno a través de la fiscalía estaría motivado por el inminente arribo de la mesa de seguimiento que implementó el GIEI para dar cumplimiento a las recomendaciones sobre los sucesos de 2019.
En criterio del abogado defensor, la inclusión de Áñez en un juicio ordinario obedece a una decisión política que no tiene sustento jurídico y que podría provocar conflicto legal internacional más adelante, pues hay un abierto desconocimiento a los derechos de la expresidenta.
“Seguramente desembocará en que este proceso se anule, porque no se discute culpabilidad o inocencia de la expresidenta, sino la constitucionalidad de un mandato. Las reglas de enjuiciamiento no se pueden cambiar a capricho de alguna autoridad, hay amplia jurisprudencia sobre esto”, advirtió el abogado.