La figura de la detención preventiva en Bolivia volvió al centro del debate tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ordenar la revisión de los casos de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari. La medida generó protestas en cárceles de todo el país y reavivó las denuncias de uso político de esta herramienta judicial.
En medio de este debate, el miembro del Consejo de la Magistratura Carlos Spencer confirmó que se iniciará un relevamiento técnico y auditorías en todos los juzgados para evaluar el cumplimiento de plazos en procesos con detención preventiva.
“Ha existido el fin de semana una manifestación en Palmasola, y en ese entendido, el Consejo es el único ente que puede supervisar y fiscalizar. Todos los privados de libertad deben ser atendidos con el mismo trato igualitario”, afirmó a EL DEBER.
Spencer aseguró que se coordina con el Ministerio Público para evitar dilaciones y que, en caso de hallarse responsabilidades por retardación injustificada, los jueces podrían enfrentar sanciones disciplinarias e incluso penales. “No se trata de dar privilegios a algunos, sino de garantizar el debido proceso a todos”, enfatizó.
Consultado sobre la existencia de presos políticos en el país, Spencer respondió: “Por los medios de comunicación nos han informado y es conocimiento bueno de que existen privados de libertad, pero no sólo ellos deben ser privilegiados, sino todos los presos que se encuentran privados de libertad en toda Bolivia”.
“Sentencias anticipadas”
En paralelo, el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín calificó la detención preventiva como una “sentencia anticipada” usada con fines políticos.
“Hoy cerca del 85% de los privados de libertad están detenidos ‘por si acaso’. Basta un telefonazo del Ministro de Justicia para ordenar el encarcelamiento por razones políticas”, denunció en EL DEBER Radio.
Albarracín recordó que en 2019 su casa fue incendiada en medio de protestas, y que después recibió amenazas directas. “Ese fue un aviso de que sabían lo que nos podía pasar si insistíamos en las investigaciones”, relató. Su caso, llevado hasta la CIDH, simboliza lo que califica como un patrón de persecución y parcialización de la justicia.
Cárceles en emergencia
La disposición del TSJ de revisar los casos de Áñez, Camacho y Pumari encendió la protesta en recintos penitenciarios, aunque estas expresiones estuvieron bajo el control de Régimen Penitenciario.
“¡Igualdad de derechos, igualdad de derechos!”, corearon internos de la cárcel de La Paz, mientras en Palmasola, con casi 10.000 reclusos, se declaró estado de emergencia. Los privados de libertad denunciaron un “trato privilegiado” para figuras políticas y exigieron una revisión general a través de mensajes emitidos a través de la prensa y redes sociales.
Eso sí, desde Régimen Penitenciario se confirmó que no hubo motín, sino una protesta pacífica con delegados de todos los pabellones. Estos representantes tuvieron el permiso, en varios distritos, para emitir sus declaraciones a los periodistas.
Una crisis estructural
El expresidente y exmagistrado Eduardo Rodríguez Veltzé advirtió que la crisis de retardación de no puede resolverse con medidas aisladas. Identificó seis problemas estructurales: ausencia de una política criminal de Estado, falta de control constitucional, uso rutinario de la detención preventiva por jueces, discrecionalidad del Ministerio Público, populismo penal y un sistema penitenciario colapsado.
“Las soluciones deben asumirse como una política de Estado, no de gobierno ni de iniciativas partidarias”, enfatizó.