Cuatro de los 28 jóvenes de una plataforma cívica de Santa Cruz, aprehendidos el jueves en La Recoleta en Sucre, deberán guardar detención domiciliaria, arraigo y otras medidas sustitutivas, por decisión de un juez en lo Penal de la Capital que no dio curso a la solicitud del Ministerio Público.
La cuatro personas fueron imputadas por la probable comisión del delito de atentados contra la salud pública, porque en las pruebas rápidas dieron positivo a Covid-19. Para el resto de los 24 procesados, el juez Lázaro Rocha, ordenó la madrugada de este domingo, la libertad estricta. En el operativo se acusó a estas personas de portar droga y supuestos explosivos. Además, de la detención domiciliaria con derecho laboral, tienen la obligación de presentarse en la Fiscalía de sus regiones cada 15 días, en este caso en Santa Cruz, y la prohibición de concurrir a lugares similares, arraigo nacional en 15 días, según informó el fiscal Daher Rosas. Alfredo Gutiérrez, abogado defensor de los imputados, aseguró que para el juez, estar enfermo con Covid-19 y aglomerarse es un delito, y lamentó la decisión del juzgador que salvó al fiscal general Juan Lanchipa de otro proceso por abuso de autoridad.