- “¿Diga usted si es accionista de la empresa Administradora de Televisión S.A.?”.Son las 15:00 de un 14 de enero de 2020. Rosendo Mendoza Gutiérrez, que fungía como jefe de operaciones de la televisora PAT, ha sido llevado a La Paz desde Santa Cruz. El Ministerio Público lo investiga por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Su nombre figura como socio de Administradora de Televisión S.A., una empresa que opera para PAT y que tiene ingresos declarados de más de Bs 131,2 millones, así como una deuda de más de Bs 49,5 millones en impuestos. - “A solicitud del Dr. José Luis Valencia hacia mi persona fue que me colocó en esa empresa. No recibí ningún monto de dinero. Me ubicó porque yo era un buen trabajador, yo paraba permanentemente en el canal. Él me invitó y hasta ahí nomás llegó, no supe más de esa empresa, no participaba de reunión ni nada”, responde Rosendo. Desde aquella toma de declaraciones, según se lee en el expediente, ha pasado un poco más de un año y también desde entonces guarda detención preventiva en Palmasola. En ese mismo enero de 2020 también fue enviado a la cárcel Juan Carlos Tórrez Encinas (chofer en PAT) y su esposa Alondra Janet Machicado Ibañez. ¿Por qué? Al igual que Rosendo fueron acusados de legitimación de ganancias ilícitas, entre otros delitos. Alondra, que se dedicaba a elaborar y vender pan en el cruce que está entre Villa San Antonio y Villa Copacabana de La Paz, al momento de la aprehensión dijo a los medios que ella y su esposo fueron obligados a firmar unos papeles a cambio de conservar su empleo y que por la prensa se enteró que era propietaria de una empresa. Declaración informativa de Rosendo Mendoza, jefe de Operaciones de PAT, a la Policía, en enero de 2020: Caso PAT: Declaración infor... by Diario EL DEBER De acuerdo con la documentación revisada, en 2017 Encinas y Machicado adquirieron de manos de José Luis Valencia Lozano y de Waldo Rodrigo Carrasco Uría el 100% de las acciones de Comercializadora Multimedia del Sur, empresa que en 2012 compró PAT. Abdallah Daher, que era el propietario hasta ese entonces, denunció que fue extorsionado y obligado a vender la televisora a 4,9 millones de dólares, un precio muy por debajo de su valor real. Daher hizo la declaración ante la Felcc en enero de 2020 y en un documento entregado a esta redacción. La aprehensión de estas tres personas se dio en medio del escándalo por el caso “Compra irregular de PAT”, que estalló a finales de 2019 tras la salida de Evo Morales del país. Los ejecutivos del canal, José Luis Valencia Lozano y Oscar Javier Lijerón Loaiza, tal como lo reportó la Policía en aquel entonces, también habían salido de Bolivia luego de que se abrieran procesos penales en su contra por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa y organización criminal. Los inicios Actualmente, Periodistas Asociados de Televisión (PAT) Ltda. se encuentra intervenida. Esta medida fue dispuesta por el Juzgado 11° en Materia Civil y Comercial, que falló a favor del proceso civil interpuesto por el empresario Abdallah Daher Bulus. Rodrigo Palazuelos explica que cuando fue designado como interventor de esta sociedad, en agosto de 2020, se encontró con “un canal abandonado”, con millonarias deudas a proveedores, litigio con trabajadores y facturas de luz, agua, teléfono y uso de satélite por pagar. Pero, ¿cómo es que se llegó a esa situación? La empresa televisiva vio la luz en los 90, en manos de los periodistas Carlos Mesa, Amalia Pando, Ximena Valdivia y Mario Espinoza. En 2006 este grupo de comunicadores vendió la compañía al empresario Abdallah Daher. Daher, a través de un comunicado de prensa, recuerda que en ese año las ventas de PAT “no llegaban al millón de dólares anuales y estaban en más de un 95% concentradas en la ciudad La Paz” por lo que debió orientar sus inversiones a sanear, potenciar y diversificar sus ingresos, así como en regularizar el pago de salarios, de impuestos y cargas sociales. Calcula que desde 2006 hasta 2012 realizó una inversión de más de $us 10 millones y logró ubicar a este medio entre los tres principales de Bolivia. A finales de 2010 y principios de 2011, Daher declara que comienza un largo periodo de extorsión en el que, según el empresario, intervienen una serie de rostros conocidos en el país, entre ellos Marcelo Hurtado y el periodista Jaime Iturri, directores y accionistas de la red ATB, supuestamente, accionados por el expresidente Álvaro García Linera. Estas afirmaciones de Abdallah Daher, así como de exgerentes y trabajadores de PAT, forman parte del cuadernillo de investigaciones del Caso PAT, iniciado por los exsenadores Carmen Eva Gonzales y Oscar Ortiz en diciembre de 2019, en el que no solo Hurtado e Iturri, sino José Luis Valencia Lozano, entre otros, son acusados de “organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, extorsión para obtener PAT”. En una anterior oportunidad, tanto Iturri como García Linera, en contacto con EL DEBER, negaron haber participado de la supuesta extorsión y retaron a Daher a demostrarlo en la vía judicial. Daher sostiene que el hostigamiento comenzó mucho antes con fiscalizaciones permanentes de Impuestos Nacionales, con sanciones y multas millonarias no solo a la televisora sino también a las demás empresas del Grupo Daher por lo que el 17 octubre de 2012, bajo amenaza de involucrarlo a él en el Caso Terrorismo y a uno de sus hijos en el Caso AeroSur, fue obligado a entregar la totalidad de sus acciones no solo al precio que Hurtado impuso, 4,9 millones de dólares, sino también a la forma de pago que él estableció: $us 500.000 en efectivo en cuatro pagos y el resto, en publicidad. “Nunca se hizo efectivo ningún tipo de pago”, ni de publicidad o del alquiler de los predios donde funciona la televisora, dice Daher. De ese modo, según la versión de este empresario, Comercializadora Multimedia del Sur S.R.L., que en ese momento -según un exhaustivo informe que el 20 de diciembre de 2019 la entonces presidenta del Senado Eva Copa remitió a la presidenta Jeanine Áñez- estaba en manos de José Luis Valencia Lozano, pero quien figuraba como dueño del 99% de las acciones era Nicolás Leoncio Aguilera Apaza (chofer de Marcelo Hurtado), mientras que un 1% quedó a nombre de José Luis Valencia Lozano. Informe de Eva Copa a Jeanine Áñez: Informe del Senado sobre el... by Diario EL DEBER La investigación se hizo a pedido de la exsenadora Carmen Eva Gonzales, pero quien firma el informe es la extitular de la Cámara Alta, Eva Copa, quien lo remitió a la entonces presidenta, Jeanine Áñez. Lo curioso de este caso es que 7 años después de aquella transacción y un mes después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia y su posterior salida del país, según Daher, José Luis Valencia Lozano se acercó (en diciembre de 2019) para ofrecerle una “devolución” de PAT. -¿Por qué no aceptó? - “La oferta del Sr. Valencia era tan o más lesiva que la compra-extorsión. Se resume de esta manera: ‘Te devuelvo la empresa que te quité, totalmente destrozada y depreciada, sin inversiones en mantenimiento ni sustitución de equipos, con una millonaria deuda impositiva, social, laboral, a la banca y proveedores”, responden desde el Grupo Daher. Además de que para ese entonces ya habían dos procesos penales abiertos en contra de los que hasta ese entonces figuraron como propietarios de la compañía.
Un año después de que Rosendo, Juan Carlos y Alondra Janet fueran enviados a prisión y declararan haber prestado sus nombres para figurar como accionistas de empresas que operaron a nombre de PAT, que dejaron a cientos de trabajadores sin salarios ni beneficios sociales, que recibieron millonarios contratos del Estado en publicidad y que son señaladas de deberle más de 215 millones de bolivianos al fisco, se conoce que José Luis Valencia Lozano vuelve al escenario representado por exautoridades del gobierno de Evo Morales. El exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, el exprocurador del Estado Pablo Menacho y un abogado que desde 2008 hasta 2020 trabajó en la administración pública, el 15 de enero de 2021 solicitaron al Juzgado 11° en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz el “levantamiento de medidas cautelares” a PAT, que actualmente se encuentra intervenido, para que vuelva a manos de sus “legítimos propietarios”.
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