Un cruceño ha sido posesionado como viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Minería, Walter Luis Landívar Castedo.
Asimismo, se posesionó a Pánfilo Marca Nina como viceministro de Corporación Minera, José Fernando Córdova Eguivar, como presidente Ejecutivo Interino de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), a Hugo Marcelo Arzabe Vásquez, como gerente General de la Empresa Metalúrgica Vinto; y Jorge René Bellot La Torre, como director Ejecutivo del Servicio Geológico Minero (Sergeomin).
En su intervención, el ministro Marco Antonio Calderón de la Barca subrayó que el sector minero y metalúrgico requiere autoridades firmes, competentes y con profundo compromiso de servicio, tomando en cuenta que las instituciones que hoy renuevan sus direcciones desempeñan un rol clave en la regulación, fiscalización, exploración geológica y producción estratégica del país.
Las nuevas autoridades expresaron su compromiso de trabajar con honestidad, eficiencia y responsabilidad, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las normas que rigen a cada entidad. Asimismo, asumieron el desafío de contribuir al reordenamiento institucional, la agilización de la gestión pública y la atracción de inversiones responsables para fortalecer el desarrollo del sector.
Reunión con el Banco Mundial
Asimismo, se conoció que Calderón de la Barca recibió la visita de la Misión de Banco Mundial (BM) este lunes, con quienes se sostuvo una reunión a fin de llevar adelante el diálogo con nuevas autoridades e identificación de prioridades y opciones de asistencia del BM para Bolivia denominado “Fortalecimiento del Sector Minero en Bolivia”.
El encuentro fue con los especialistas del Banco Mundial Javier Aguilar, Ricardo Labo, Adriana Unzueta y Alejandra Velazco.
Según informaron que los ejes temáticos del encuentro fueron: la apertura a la inversión extranjera, el fortalecimiento de la geología precompetitiva para potenciar la exploración, el avance de adecuaciones normativas orientadas a modernizar el marco legal vigente, la consolidación de una cooperación más efectiva entre sector privado y cooperativas, la transición hacia un modelo basado en inversiones sostenibles, y la apuesta por la productividad y la modernización institucional mediante la reducción de trámites y barreras administrativas.