A través de una declaración pública, la bancada de Creemos asegura que hay una “terrible intromisión política” por parte del Gobierno que impide el cumplimiento del fallo judicial que ordena el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro hasta Santa Cruz, donde debe asumir su defensa en el juicio oral por el caso “Decretazo”.
El diputado Erwin Bazán, vocero de esa fuerza política, arremetió contra el procurador general del Estado, Ricardo Condori, por opinar públicamente sobre el caso. “Lamentamos que algunos voceros del gobierno, como el procurador general del Estado, pretendan interferir en una resolución judicial de cumplimiento obligatorio. El Procurador debería estar atendiendo los procesos que tienen que ver con el dinero que ha robado el gobierno al pueblo boliviano. Nada tiene que hacer con un tema que tiene que ver con la justicia”, afirmó.
Bazán recordó que una sala constitucional de La Paz falló a favor de una Acción de Libertad presentada por la defensa de Camacho, lo cual obliga a la Dirección de Régimen Penitenciario a ejecutar el traslado. “Lo que hay es una resolución que dispone el traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz para que ejerza su derecho a la defensa. Esto es lo que debe cumplirse. Lo demás son excusas e intromisiones absolutamente abusivas y políticas”, sostuvo.
El legislador cruceño subrayó que no hay impedimentos logísticos para concretar el traslado, ya que la defensa de Camacho incluso cubrió los pasajes y costos para los custodios. “La defensa ha dispuesto el pago de pasajes del gobernador y también para sus escoltas. Por tanto, no hay excusas. La propia resolución judicial ha señalado que se debe cumplir el traslado sin ningún tipo de dilación”, afirmó.
En esa línea, Bazán denunció que lo que frena la ejecución del fallo judicial no son problemas técnicos, sino “intereses políticos del MAS, de partidos de derecha e incluso del gobernador en ejercicio”. Y lanzó una advertencia directa: “Tanto miedo tienen que Camacho vuelva a Santa Cruz. Lo que pasa es que saben que pisa su tierra y automáticamente se convierte y se habilita como gobernador legítimo”.
Además, apuntó que el proceso por el caso “Golpe de Estado I”, que mantiene detenido a Camacho desde diciembre de 2022, “es un proceso inventado, motivado por intereses políticos del Gobierno del MAS”. Agregó que esa causa debería cerrarse, dado que ya pasaron más de seis meses desde que el Tribunal Constitucional Plurinacional admitió una acción de inconstitucionalidad contra el tipo penal de terrorismo y aún no se pronuncia en el fondo.
“El traslado debe cumplirse sin dilación y sin mediación de ninguna naturaleza. Lo contrario significaría, una vez más, dejar en evidencia que el Gobierno no tiene argumentos, solo excusas”, sentenció Bazán.
Antecedentes del caso
Luis Fernando Camacho, exlíder cívico y actual gobernador electo de Santa Cruz, fue detenido el 28 de diciembre de 2022 por el caso “Golpe de Estado I”, acusado de terrorismo, en el marco de la crisis política de 2019. Desde entonces, permanece recluido de manera preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
A lo largo de su detención, su defensa ha solicitado reiteradamente su traslado a Santa Cruz para asistir a juicios en su contra, incluyendo el caso “Decretazo”, por la presunta emisión irregular de un decreto mientras ya estaba detenido. Aunque ha habido al menos 14 resoluciones judiciales que ordenaban su traslado, la Dirección de Régimen Penitenciario se ha negado a ejecutarlas, alegando razones de seguridad.
El fallo más reciente, emitido el 15 de julio de 2025 por una sala constitucional, instruye el cumplimiento del traslado, pero su ejecución sigue estancada. De acuerdo con el Procurador Condori, la justicia solo hizo una recomendación para viabilizar ese traslado.
La audiencia con la que se debería dar inicio al juicio por el caso Decretazo fue fijada para este viernes en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
El Caso “Decretazo” se refiere al proceso judicial en contra Camacho por la emisión del Decreto Departamental 373, aprobado en marzo de 2022. En dicho decreto, Camacho delegó temporalmente sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, alterando la línea de sucesión establecida por la Constitución y el Estatuto Autonómico, que debía incluir al vicegobernador Mario Aguilera.
Situación procesal
- Juicio Oral:
el tribunal ha programado el inicio para el 25 de julio de 2025, con orden de traslado de Camacho desde la cárcel de Chonchocoro (La Paz) a Palmasola (Santa Cruz), donde debe cumplir prisión en tanto duren las audiencias
- Defensa jurídica:
Presentó un recurso de “acción de libertad” (similar a habeas corpus). Un juez lo concedió parcialmente: recomendó el traslado si existían condiciones seguras, pero no emitió una orden irrevocable, según señalan voceros del Gobierno. También impugnó la celebración del juicio mientras haya una apelación pendiente, y planteó un amparo para considerar modalidades virtuales o mixtas
- Argumentos:
Las autoridades penitenciarias argumentan que Chonchocoro es el único recinto con condiciones médicas adecuadas para Camacho, y advierten riesgos en un traslado prematuro. Esta alegación ha sido desmentida por la defensa que garantizó todas las condiciones para ese traslado. El penal de Chonchocoro está a 3.600 metros sobre el nivel del mar.