La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), como organizaciones regional y nacional de defensa de derechos de pueblos Indígenas, derechos humanos y de la Madre Tierra, y ante el asesinato de Francisco Marupa, miembro de la comunidad Torewa Indígena, "acontecido en condiciones poco claras, emitieron un pronunciamiento de cinco puntos.
En primer lugar, exigieron de manera urgente una investigación técnica, responsable e imparcial, que lleve a la verdad de los hechos que envuelven la luctuosa pérdida de un hermano indígena, pero la urgencia no implica la vulneración de derechos de los presuntos responsables e implicados, por lo tanto, exigimos el cumplimiento del debido proceso durante toda la investigación, y que no sea el Ministro de Gobierno quien dicte sentencia, apuntaron.
En segundo lugar, observaron la especulación sobre los supuestos móviles y hechos del crimen, relatados por diferentes medios,exponiendo a otro indígena tsimane, sindicado como “el principal sospechoso”, y quien fue llevado maniatado y jalado con una soga por un civil, y en presencia de la Policía.
En tercer lugar, cuestionaron la supuesta confesión sobre asesinato que habría cometido el joven indígena tsimane, quien apenas habla el idioma español/castellano, y tal vez no comprenda la magnitud de lo que declaraba o de lo que se le acusa. Además, no se conoce la presencia de su abogado defensor durante la declaración, por lo tanto tampoco hay garantías de que sus declaraciones se hubieran desarrollado sin presión o coacción.
Como cuarto punto, para la Contiocap, otro elemento vulnerador de derechos es que este hecho doloroso hubiera sido utilizado por personas civiles para emitir acusaciones directas contra algunos miembros de la comunidad Torewa Campesina, de ser los autores intelectuales del hecho, sin pruebas, y en medio de una cadena de violencias y violaciones de derechos humanos, en un contexto de minería legal e ilegal, con ingreso de personas externas en gran porcentaje, y con poder económico, que se inicia en los años 2014-2015, donde las políticas de imposición de proyectos de megainfraestructuras en áreas protegidas y en nuestros territorios indígenas por parte del Gobierno, y acciones de organizaciones, han propiciado conflictos, que hoy se desencadenan en utilizar hechos violentos para criminalizarse y provocar peleas entre pueblos, y hasta entre familias.
Como quinto y último punto, la Contiocap y los demás firmantes recordaron que antes del Gobierno de Evo Morales existía una sola comunidad Torewa, pero poco antes de violentar nuestros territorios con el proyecto hidroeléctrico Bala-Chepete, alrededor de 2013-2014, hicieron un nuevo asentamiento, la comunidad Torewa Indígena.
Creando así una segunda comunidad con el mismo nombre Torewa, añadiendo el término 'indígena', lo que respondió a propósitos de imponer los megaproyectos hidroeléctricos Bala-Chepete, incluso acusando a la comunidad original Torewa, hoy llamada Torewa Campesina, como avasalladores por su férrea defensa del Parque Madidi y nuestros territorios ancestrales contra las hidroeléctricas Bala-Chepete.
Para los firmantes, ese “manejo” malintencionado de las poblaciones indígenas, iniciado durante el gobierno de Evo Morales, hoy deriva en señalamientos entre comunidades; pero, sobre todo, que las políticas de grandes infraestructuras y minería legal e ilegal en los territorios, ocasionan este tipo de conflictos entre los más vulnerables, las comunidades indígenas.
Si la minería legal o ilegal está detrás de este crimen, remarcaron, el Estado, el Gobierno, y las autoridades descentralizadas llamadas a velar por la integridad del Madidi y de los pueblos indígenas, son los directos y verdaderos responsables por imponer políticas de grandes infraestructuras y extractivistas como la minería de oro en áreas protegidas y territorios indígenas, amparadas por leyes como de Minería y Metalurgia 535, que hoy enluta a nuestra población indígena, pagando con nuestra vida, de nosotros, los más vulnerables, los intereses de los grandes poderes económicos y políticos.