El Gobierno nacional envió este viernes a consulta constitucional la ley que sancionó la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que contempla que las clínicas privadas estén obligadas a atender casos de Covid-19, para que después el Estado reembolse el costo.
El viceministro de Gestión del sistema sanitario, Miguel Ángel Delgado, criticó la disposición, señalando que tiene contradicciones y ni siquiera indica de dónde saldrán los recursos económicos para garantizar la labor.
La norma fue sancionada a inicios de mes y establece que los establecimientos médicos particulares, en todos sus niveles, “deberán atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el subsector público”, a fin de ser diagnosticadas, atendidas o tratadas por la pandemia de coronavirus.
También indica que el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado estará a cargo del reembolso a las clínicas privadas, considerando “el precio real en el que se haya incurrido y demostrable de forma documentada”, para ello se deberá aprobar un reglamento a cargo del Ministerio de Salud, en un plazo de cinco días.