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Concejalas bolivianas denuncian pactos de "alternancia" que les obligan a dejar sus cargos

Lunes, 23 de diciembre de 2024 a las 07:44
Los acuerdos de alternancia son tratos implícitos en los que las autoridades designadas en una elección se comprometen a abandonar su cargo en la mitad de su gestión

Un conflicto en el municipio boliviano de Sacaba (centro) muestra cmo los llamados pactos de "alternancia, a los que deben someterse las autoridades electas, se aplican para conseguir renuncias forzosas y que en el caso de las mujeres adquieren niveles de violencia altos.

Tania Snchez, representante de la Coordinadora de la Mujer, dijo a EFE que la alternancia comnmente sucede en municipios rurales e interurbanos y es un procedimiento inconstitucional puesto que la legislacin de pas no prev que alguien electo para cumplir una funcin de 5 aos deba renunciar a la mitad de su mandato.

Los acuerdos alternancia son tratos implcitos en los que las autoridades designadas en una eleccin se comprometen a abandonar su cargo en la mitad de su gestin, algo que si no se hace adquiere niveles dramticos cuando el que reclama el cargo es un varn y la forzada a renunciar es una mujer.

Snchez explic que hay una presin diferente cuando las afectadas son mujeres concejalas, ya que sufren violencia y acoso en distintos niveles como hostigamiento a sus familias, agresiones fsicas y crticas dirigidas a su integridad moral o capacidades para desempear el cargo.

En Sacaba, municipio contiguo a Cochabamba, la situacin se desbord en mayo pasado cuando ocho concejales, de los que cinco son mujeres, quedaron desplazados por quien se atribuye la presidencia de esa instancia y que con el respaldo de un par ms habilit a los suplentes para reemplazarlos.

Snchez mencion que las formas de violencia contra las concejalas mujeres han recrudecido en el contexto de la pugna en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), dividido entre las facciones leales al expresidente Evo Morales (2006-2019) y los sectores que respaldan al mandatario Luis Arce.

Acoso y violencia

La concejala de Sacaba Martina Rojas seal a EFE que desde mayo pasado los ocho concejales apartados han dejado de recibir su salario, que han sido blanco de agresiones fsicas, se les quit los telfonos mviles y se les procesa en una comisin de tica.

Incluso acus al cuestionado presidente del Concejo municipal, Rubn Alvarado, de recurrir a organizaciones sociales que le son afines para que presionen a los concejales marginados a firmar el acuerdo de alternancia.

Rojas consider que esta interrupcin se produjo justo cuando ella y los dems concejales relegados estaban ejerciendo su labor de fiscalizacin a la gestin municipal.

Este asunto s es de gnero, no les gusta que haya una figura femenina que est haciendo poltica con una visin diferente y renovada, declar a EFE Amparo Acosta, concejala del MAS.

Acosta seal que las acciones en su contra comenzaron a partir de que comenz a exigir que el alcalde de Sacaba, Pedro Gutirrez, tambin del MAS, realice su gestin en coordinacin con el Gobierno central, algo que se neg por varios aos.

La concejala dijo ella y sus otras cuatro compaeras han sido blanco de una violencia fsica y psicolgica incomparable y que la situacin en Sacaba ha sobrepasado cualquier esfera de violencia que pueda presentarse en otra parte del pas.

Acosta mencion que han atacado su vivienda con bombas caseras o molotov y que recibi amenazas por telfono, pero que con todo se mantiene firme en buscar justicia y que se respete el Estado de derecho en Bolivia.

La Coordinadora de la Mujer, en base a datos de la Asociacin de Concejalas de Bolivia, seal que en 2024 se han producido 61 renuncias de autoridades mujeres electas que se atribuyen estos pactos de alternancia o de gestin compartida.

Desde la promulgacin de la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Poltica, en 2012, se han cuantificado cerca de 1.000 casos, de los que la mitad ingresaron al sistema penal boliviano, pero que simplemente 6 procesos llegaron a una sentencia ejecutoriada.

El caso ms emblemtico es el de la concejala Juan Quispe, asesinada en 2012. La pena de 30 aos de prisin contra sus agresores, el exalcalde del municipio altiplnico de Ancoraimes, Flix Huanca, y el exconcejal Pastor Cutili, se conoci este ao. EFE

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