La Justicia de Cochabamba dictó 30 años de prisión sin derecho a indulto contra Jhon J. M. A., de 40 años, tras comprobarse su responsabilidad en el feminicidio de Estelita R.V., una universitaria de 29 años que fue agredida sexualmente y estrangulada en su domicilio en la zona sur de la ciudad.
El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que la sentencia fue emitida en audiencia de juicio oral por el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia N.º 1 de la EPI Sur. El condenado deberá cumplir la pena en el penal de El Abra. “Este resultado es producto de una investigación objetiva y del trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía, que permitió recolectar pruebas contundentes para demostrar la responsabilidad del autor”, señaló la autoridad, al destacar que el acusado reconoció el hecho durante el proceso.
El crimen se remonta al 31 de octubre de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue hallado entre arbustos a la altura del kilómetro 5 de la avenida Petrolera, cerca de la Facultad de Agronomía. El hallazgo fue realizado por un ciudadano que transitaba por la zona en horas de la mañana.
El fiscal asignado al caso, Edson Orellana Marín, explicó que el examen médico legal practicado por el Instituto de Investigaciones Forenses estableció que la víctima presentaba signos de violencia extrema, además de indicios de agresión sexual y múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.
Las investigaciones permitieron identificar como principal sospechoso al ahora sentenciado, quien vivía en el mismo inmueble que la víctima. Entre las pruebas clave se incluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, en las que se observa al acusado arrastrando una maleta con contenido pesado durante la madrugada, comportamiento que coincidía con los registros de radiobases de su teléfono celular y el desplazamiento del dispositivo móvil de la víctima.
El caso generó conmoción en Cochabamba y se suma a la lista de feminicidios registrados en el departamento, evidenciando la persistencia de la violencia contra las mujeres. La sentencia marca el cierre judicial de uno de los crímenes que causó mayor indignación en la población, aunque vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección.