Chile reveló este viernes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que ofreció a Bolivia un acuerdo de solución para frenar el litigio por las aguas del Silala. La propuesta se realizó en junio de 2019 y no recibió respuesta alguna por parte del Gobierno de ese entonces, liderado por Evo Morales.
La información fue proporcionada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores y agente chilena ante esa instancia, Ximena Fuentes, quien explicó que el documento establecía que ambas naciones hagan uso equitativo y razonable del afluente, sin que exista oposición al desmantelamiento de los canales artificiales, construidos en 1928 por una empresa de capitales británicos.
“Las partes reconocieron que ambas partes tienen derecho al uso equitativo y razonable del río del Silala y que Bolivia podía desmantelar los canales como le parezca oportuno”, afirmó la representante de La Moneda.
Sin embargo, explicó que cualquier reducción o alteración en la cantidad o calidad de agua que llega a Chile será responsabilidad de Bolivia, enfatizando que el país reconoció que se trata de un río de curso internacional, volviendo a su postura anterior a 1999.
Los alegatos:
“Tras la decisión de Chile de presentar el caso, Bolivia abandonó la idea de afirmar que no se trata de un río internacional, también reconoció que el Silala fluye de forma natural de Bolivia a Chile, esa es la demanda A de Chile. Además, ha reconocido que el agua de curso internacional se rige bajo los principios de uso equitativo y razonable, y reconoció que el uso pasado del Silala es razonable y equitativo”, acotó Fuentes.
Recalcó que “Bolivia sigue insistiendo en que es parte dueña de las aguas, y que Chile debería convenir en pagar por el uso de esa parte, que se denomina flujo artificial, presuntamente una adición al flujo de agua de superficie”, pero reiteró que, sean superficiales o subterráneas, las aguas llegan a la vecina nación.
“La principal preocupación de Bolivia parece ser que los derechos de Bolivia a desmantelar la infraestructura artificial pudieran verse limitados si sus acciones ocasionaran la reducción del flujo, evitando que Chile disfrutara de los usos actuales del agua”, sostuvo la subsecretaria chilena.
Los alegatos orales, que comenzaron este viernes, 1 de abril, se extenderán hasta el 14 de abril. Tras la intervención de la subsecretaria, comenzó la exposición de Johanna Klein Kranenberg, coordinadora del caso Silala, quien reiteró que “todas las obras hidráulicas en Bolivia fueron ejecutadas por una empresa británica bajo la concesión boliviana de 1908; Chile no tiene responsabilidad sobre esas obras”.