El cese inmediato de funciones, una denuncia penal por usurpación de funciones y la auditoría a todas las sentencias que emitieron durante 2024, esos fueron los tres principales pedidos que presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dos asambleístas de La Paz y esperan que sean atendidos por los nuevos magistrados posesionados el viernes.
“Decretar el cese inmediato de los auto prorrogados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Karem Lorena Gallardo Sejas, e Isidora Jiménez Castro, por haber concluido el periodo de su mandato constitucional, al amparo del artículo 22, parágrafo I, numeral I del Código Procesal Constitucional”, señala el primer punto del memorial firmado por Israel Alanoca y Fernando Condori y presentado el viernes en la sede del ente constitucional.
Luego solicitan el inicio de un proceso penal por usurpación de funciones porque los autoprorrogados cesaron en su mandato en diciembre de 2023 y siguieron desempeñando funciones. Es más, en ese entonces, en vez de concluir su periodo como marca la Constitución, emitieron una nueva resolución prolongando más aún su ilegal función.
“Autorizar el inicio de una auditoria jurídica a todas las sentencias, resoluciones y autos que emitieron los auto prorrogados en la gestión 2024 a fin de constatar responsabilidades penales, civiles, ejecutivas y administrativas”, señala el tercer punto.
En diciembre de 2023 poco antes que fenezca su mandato los autoprorrogados emitieron la resolución 049/2023 por la cual decidieron prolongar su mandato hasta la realización de nuevas elecciones, comicios que se realizaron el 15 de diciembre; pero nuevamente elaboraron un auto constitucional 0113/2024-O por el cual vuelven a prolongar su mandato hasta que haya otra elección judicial.
“No puede ser que los nuevos magistrados, que el pueblo boliviano ha elegido este 15 de diciembre, puedan convivir con estos sinvergüenzas y cínicos autoprorrogados, que siguen en el Tribunal”, protestó el asambleísta Alanoca.
El memorial realiza una cronología de las sentencias que habrían violentado el orden constitucional y fue avalado por estos autoprorrogados. Promovieron el reemplazo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desconociendo el estatuto cruceño; ordenaron a la Asamblea reconocer su prórroga de mandato; a través de salas constitucionales departamentales y emitió resoluciones calificadas como favorables al Gobierno.
También declararon inconstitucionales los proyectos de Ley 073 y 075 que ponía fin a su mandato; avalaron los recesos decretados por David Choquehuanca sin permiso de la Asamblea Legislativa; suspendieron las facultades legislativas de las cámaras para fiscalizar a los ministros.
Con todos estos antecedentes, los asambleístas consideran que el orden constitucional debe ser repuesto por los cuatro magistrados que fueron electos el 15 de diciembre.