A través de un pronunciamiento la Defensoría del Pueblo exigió al Estado la reparación de las víctimas del caso Senkata. Esto después de conocer las disposiciones del Tribunal de Sentencia con respecto al caso.
"La Defensoría realiza un seguimiento permanente a la situación de las víctimas de los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019. En este contexto, familiares y víctimas de Senkata hicieron conocer su profunda preocupación por las recientes determinaciones judiciales adoptadas en los procesos penales vinculados a estos hechos, explica en las primeras líneas el pronunciamiento.
El documento hace referencia a un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el que se devela la vulneración de derechos humanos en los hechos del 2019, y en sus recomendaciones expresa la necesidad de: investigar de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso de los derechos de las víctimas y su derecho a la tutela judicial efectiva y de las personas imputadas y procesadas.
Sobre el caso
Luego de casi un año de juicio oral, el Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto anuló este lunes el proceso penal del caso ‘Senkata’. Los jueces se declararon incompetentes para seguir procesando a 18 acusados,entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez, expidió mandamientos de libertad para los detenidos preventivos y domiciliarios mientras que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras un fuerte reclamo de los privados de libertad, instruyó verificar los plazos de las detenciones preventivas en las cárceles del país.
La Defensoría
Por ello, la Defensoría del Pueblo expresa su extrema preocupación por las recientes determinaciones de la justicia boliviana en relación a las víctimas del caso Senkata, que refieren la anulación de obrados hasta fojas 2 de los antecedentes; considerando que la causa penal inició el 19 de noviembre de 2019, a la fecha, habrían transcurrido más de cinco años desde el inicio de la investigación penal.
Es así que, como Institución Nacional de Derechos Humanos, y en el marco de nuestra labor de seguimiento al proceso de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas y su derecho a la tutela judicial efectiva, se informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación actual de dichos procesos, manifestando su alta preocupación por el riesgo de que estas decisiones generen espacios de impunidad y vulneren los derechos de las víctimas a acceder a la justicia de manera pronta y efectiva.
Por si fuera poco, la Defensoría del Pueblo solicitó al Fiscal General del Estado, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctimainformen sobre las acciones realizadas, según sus competencias, para garantizar mecanismos y medidas de protección adoptadas con otras instancias del Estado para mantener bajo reserva la identidad, individualización o localización de las personas denunciantes, víctimas y testigos dentro del proceso de Senkata, conforme la Ley N° 458. Así como informen que gestiones se realizan y realizarán para que el Estado cumpla con las recomendaciones del GIEI Bolivia, entre otros aspectos.