A casi cuatro años del violento ataque ocurrido en la comunidad Las Londras, en el municipio de Ascensión de Guarayos, el proceso judicial aún no ha concluido. La Defensoría del Pueblo señaló la dilación y la falta de avances significativos en este caso.
"Desde esta institución defensorial, que vela por la defensa y cumplimiento de los derechos humanos en el marco de la Ley N° 870, advertimos la dilación y retardación en el proceso judicial del presente caso, situación que afecta al derecho de acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo, el cual está generando incertidumbre y pérdida de confianza en la justicia, expresó la Defensoría del Pueblo en el pronunciamiento.
Dicha falta de avances y pérdida de confianza judicial debe ser subsanada por los administradores de justicia, indicó la Defensoría del Pueblo. El caso Las Londras se dio un 28 de octubre de 2021, cuando avasalladores secuestraron y agredieron a periodístas, policías y civiles, a raíz de la disputa de tenencia de tierras en el municipio de Ascensión de Guarayos (Santa Cruz). Hasta la fecha, el caso judicial no ha concluído. El Ministerio Público imputó a P.C.V., H.S.C.S., M.T.V. y N.R.E. por delitos como lesiones graves y leves, secuestro, robo agravado, tenencia y portación ilícita de armas de fuego, y tentativa de asesinato. Sin embargo, el proceso continúa estancado en la etapa de juicio oral ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez. El 2 de abril de 2025, el Tribunal declaró en rebeldía a H.S.C.S., N.R.T. y M.T.V., ordenando su aprehensión y arraigo, pero no se reportaron avances posteriores para su captura. La audiencia prevista para el 17 de abril fue suspendida por la presidenta del tribunal debido a un certificado médico presentado por uno de los acusados, N.R.E., alegando enfermedad. Pese a que otros dos acusados no se presentaron, fueron considerados legalmente notificados. La nueva fecha fue fijada para el 9 de julio de 2025. Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegación Departamental de Santa Cruz, denunció la evidente retardación de justicia. También advirtió que este retraso vulnera derechos fundamentales como el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo.