Martín Camacho, abogado de la defensa del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, informó que el juicio se reinstaló este lunes a las 8:45, pese a que estaba previsto que se suspenda, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional admitiera un recurso la semana pasada.
Sin embargo, las autoridades jurisdiccionales que llevan el caso Golpe I argumentaron no haber sido notificados oficialmente con la admisión del recurso interpuesto y que, en todo caso, cuando lo sean, ellos mismos se encargarán de tomar la determinación correspondiente a la normativa.
"El Tribunal dijo que no habían sido notificados desde Sucre por el Tribunal Constitucional y que cuando lo sean, ellos iban a tomar las consideraciones necesarias, por lo que el juicio se instaló, remarcó Camacho, a tiempo de indicar que luego se siguió con las pruebas testificales del Ministerio Público.
En ese marco: fueron cinco declaraciones de testigos, dos jefes militares y dos jefes policiales, además de una tercera; pero se la consideró no útil ni pertinente, con lo que concluyó la audiencia, explicó Camacho.
Es así que el tribunal determinó continuar mañana con el proceso, pero como este martes el gobernador de Santa Cruz tiene prevista la administración de un suero de inmunoglobulina, como parte del tratamiento que sigue; la audiencia se reinstalará el jueves, 20 de marzo, con los testigos de la Fiscalía.
Recurso de inconstitucionalidad
El fin de semana pasado se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho contra el delito de terrorismo. Con esta decisión, el juicio oral por el caso golpe de Estado I debería quedar suspendido antes de que se dicte sentencia, hasta que se resuelva la constitucionalidad del artículo 133 del Código Penal.
La defensa de Camacho argumentó que el tipo penal de terrorismo es ambiguo y permite interpretaciones discrecionales, lo que podría vulnerar principios constitucionales como la legalidad y la proporcionalidad. Además, citó recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Bolivia, que sugieren modificar esta norma para evitar su uso con fines políticos.
El recurso fue rechazado inicialmente por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de La Paz, pero el TCP revocó esa decisión y ordenó analizar la constitucionalidad del artículo en cuestión.