La tarde de este jueves, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tenía programadas dos audiencias para la revisión de su detención preventiva. La primera sobre el caso 'Decretazo', de la que salió con libertad irrestricta; y en la segunda, por el caso del 'carro Bombero', que se instaló cerca de las 17:20, donde se determinó anular la detención domiciliaria y reducir la fianza a favor del gobernador cruceño. "La autoridad jurisdiccional ha dispuesto la modificación de las medidas cautelares que pesaban en contra del gobernador. Ha decidido dejar sin efecto cualquier tipo de detención domiciliaria. Ha dejado sin efecto también el arraigo y ha considerado la reducción de la fianza de Bs 350.000 a Bs 50.000, confirmó el abogado del gobernador, Martín Camacho. También resaltó que lo más importante es que se ha ordenado que ahora mismo se libre el mandamiento de libertad para el gobernador Luis Fernando Camacho, otorgando un plazo de diez días para que se pueda cumplir con la fianza. Es decir, que a partir de ahora estamos a muy poco de recuperar la libertad del gobernador y cumplir con el traslado que hemos mencionado para el día de mañana, expresó el jurista. Por determinación de la autoridad jurisdiccional, Luis Fernando Camacho podrá desplazarse libremente por el territorio nacional, pero debido al arraigo con el que cuenta por otros casos, no puede salir del país. No es necesaria la detención domiciliaria por la excesiva detención preventiva por otra causa, fueron las palabras del juez minutos antes de emitir su resolución. Por último, el jurista expresó que este viernes el gobernador Luis Fernando Camacho va a salir caminando desde el centro penitenciario de Chonchocoro y que no se ha ordenado ningún tipo de escolta, y por lo tanto, no hay necesidad de que se eroguen gastos administrativos desde el Régimen penitenciario. En el caso 'carro bombero' se investiga la presunta adquisición irregular de un carro bombero por parte de la Gobernación de Santa Cruz, por un valor de Bs 1.730.000, que no habría cumplido con los requisitos técnicos exigidos por la Policía Boliviana y que no fue entregado en el plazo estipulado. Según la denuncia, el contrato fue suscrito el 28 de enero de 2022 con la empresa AMB Representaciones, por invitación directa y sin licitación pública. La entrega estaba prevista para el 27 de junio de ese año, pero el vehículo llegó recién a fines de 2022, tras la disolución del contrato por incumplimiento. El caso estaba en etapa de inicio del juicio oral, según indicaron las autoridades jurisdiccionales. ¿Cuál es la raíz de este caso?
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