La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera por parte de la Policía Boliviana, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y otros organismos internacionales de seguridad, pone fin a una intensa búsqueda internacional marcada por millonarias recompensas y acusaciones judiciales en varios países.
Desde mayo de 2025, Marset figuraba en la lista de fugitivos más buscados por la DEA. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena. A esa cifra se sumaba otra recompensa de $us 100.000 ofrecida por Bolivia en 2023, cuando el narcotraficante logró escapar de un operativo policial en Santa Cruz.
El interés de Washington en la captura de Marset no solo se debe a su presunta participación en el tráfico internacional de cocaína, sino también a delitos vinculados al uso del sistema financiero estadounidense para lavar dinero del narcotráfico.
Una acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia sostiene que el uruguayo lideraba una organización criminal transnacional responsable de transportar toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con operaciones que involucraban a Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal. Según la investigación, la red generó decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas.
Las autoridades estadounidenses también sostienen que Marset utilizó instituciones financieras de Estados Unidos para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico, lo que abrió la puerta a la jurisdicción de ese país para procesarlo por lavado de dinero.
Uno de sus colaboradores cercanos, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, ya se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. De acuerdo con el expediente judicial, Santoro movió al menos $us 8 millones a través de bancos estadounidenses en menos de cinco meses.
La investigación también señala que en enero de 2021 Marset tenía derecho a recibir más de 17 millones de euros provenientes de un solo cargamento de cocaína, parte de los cuales fueron recaudados y lavados por Santoro mediante el sistema financiero estadounidense.
El caso de Marset está además ligado a la operación “A Ultranza Py”, considerada la mayor investigación contra el narcotráfico en la historia de Paraguay. Esa pesquisa conectó la red criminal del uruguayo con más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, entre ellas un cargamento de 11 toneladas decomisado en el puerto de Amberes en abril de 2021 y otro de 4,7 toneladas incautado en Paraguay.
Las autoridades también sostienen que Marset recurría a amenazas y violencia para proteger su organización criminal, que operaba a escala transnacional.
La investigación que llevó a su captura involucró cooperación entre la DEA, Europol, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD), el Ministerio del Interior de Uruguay y otras agencias internacionales. Durante meses, la DEA incluso habilitó un canal confidencial para recibir información sobre su paradero, narcotráfico, lavado de dinero o posibles actos de violencia vinculados a su red.
Con su detención, se abre ahora un nuevo capítulo judicial que podría derivar en procesos simultáneos en varios países, incluida la posibilidad de que Estados Unidos solicite su extradición por los cargos de lavado de dinero vinculados al uso de su sistema financiero.
El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, dijo en varias ocasiones que si bien no hay agentes de la DEA operando de manera permanente en Bolivia, el organismo norteamericano asesora y apoya al intercambio de información a los agentes del país.
La captura de Marset tuvo lugar siete días después de la puesta en marcha de coalición continental Escudo de las Américas, promovido por el presidente de EE.UU, Donald Trump, para enfrentar a los carteles de la región. Es una iniciativa a la que se adhirió Bolivia. Marset lideró un cartel uruguayo del narcotráfico, una organización criminal de características empresariales que llegó a controlar un puente aéreo entre Bolivia y Paraguay.