Cinco peticiones sobre acciones judiciales y administrativas de la comisión mixta de Constitución contra los responsables de paralizar el proceso de preselección fueron presentadas por el abogado, Leopoldo Escobar Ramos, quien fue el segundo candidato en presentarse a esta preselección.
“Si como comisión mixta ha realizado alguna acción en contra el juez de la Sala Constitucional del Departamento de Beni, siendo que ha obstaculizado la Convocatoria, adjunte documentación de respaldo”, solicita el candidato a magistrado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su primer punto.
La preselección de candidatos a magistrados está paralizada desde el 27 de abril pasado, por una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que emitió una media cautelar que congeló todo el proceso.
Escobar Ramos también consulta si se tiene plenamente identificada a la persona que interpuso la acción y alerta que es de conocimiento público que fue un ex funcionario del Ministerio de Justicia, pide información si se asumió alguna acción.
En tercer lugar, se estrella contra los secretarios técnicos o asesores de la comisión y pregunta si tenían conocimiento que existía, como antecedente la Ley 960 de preselección y elección de máximas autoridades judiciales y que fue emitida en 2017.
Asimismo, cree que los funcionarios no sabían que antes del reglamento debió elaborarse una ley y no al revés como hizo la Asamblea. Considera que debería haber un proceso administrativo.
Alerta que la comisión debe tener el resultado o la Resolución definitiva del TCP que mediante su Comisión de Admisión, dispuso suspender provisionalmente la convocatoria de los postulantes. Afirma convencido de que deben proporcionarle esa información amparado en la Constitución Política del Estado y tres sentencias constitucionales.
El 2 de agosto se vence el plazo para el TCP y ese día debía conocerse el fallo constitucional de si la comisión continúa o debe suspender todo. La oposición política considera que hay una concomitancia entre los actuales magistrados y el MAS para demorar la preselección y designar a las próximas autoridades por decreto