El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció este lunes que, a través de su equipo jurídico internacional, iniciará “las acciones jurídicas pertinentes ante organismos internacionales” por su cuestionada detención por la crisis de 2019.
El objetivo es que “se sancione penalmente y personalmente a todos los funcionarios del Gobierno del presidente Luis Arce, del Órgano Judicial y del Ministerio Público, que participaron de forma directa o indirecta del operativo de mi secuestro el 28 de diciembre de 2022, de mi detención preventiva ilegal en Chonchocoro y de todas las torturas y violaciones a los derechos humanos cometidos en mi contra”, indicó Camacho mediante un comunicado.
Agregó que, asimismo, en los próximos días presentará los recursos judiciales y constitucionales pertinentes para ejecutar “la orden de libertad” emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas a favor de su persona.
“Las autoridades judiciales y constitucionales que sustancien estos recursos, tendrán en sus manos la responsabilidad de cumplir con esta resolución internacional y con mi liberación”, sostuvo.
Instó a las autoridades del Órgano Judicial a mantenerse “dentro de los marcos del derecho y el respeto a los derechos humanos”.
“Es absolutamente claro que este caso va a generar procesos y sanciones internacionales. Y a partir del pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU, cualquier acto de prevaricación y de imposición abusiva de la ley para seguir teniéndome detenido va a constituir un serio agravante que traerá consecuencias. En ese sentido, las autoridades judiciales que decidan mantenerme secuestrado, serán llevadas a procesos internacionales”, advirtió.
Este comunicado fue leído en una conferencia de prensa realizada en La Paz por Human Rights Foundation, el equipo jurídico de Camacho y su familia.
La semana pasada se conoció que el Grupo de Trabajo de la ONU resolvió que "la privación de libertad de Luis Fernando Camacho es arbitraria”.
El Grupo pidió al Gobierno adoptar las medidas necesarias para remediar la situación de Camacho sin dilación y consideró que, “teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Camacho inmediatamente en libertad”.
El ministro de Justica, César Siles, respondió que el Estado boliviano no admite en tanto se analice toda la información que no se ha analizado de momento.