El titular de la Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya, publicó en sus redes sociales un pronunciamiento, abogando por la celeridad en los procesos penales del 58,2% de privados de libertad que, de un total de más de 33.000 internos, “también” están encarcelados preventivamente sin una sentencia.
El pronunciamiento, se hizo horas después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitiera una instructiva para que todos los jueces que tengan a su cargo algún caso referido a la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, revisen si se cumplen los plazos procesales y que no se excedió el tiempo que la ley autoriza para el encarcelamiento preventivo.} data-plugin-id="facebook"> “A junio de 2025 el 58.2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación. Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”, publicó Callisaya en su cuenta de Facebook. Desde la Defensoría del Pueblo amplificaron desde sus plataformas. Para dejar en claro el cuestionamiento a la instructiva que favorece a Añez, Camacho y Pumari, Callisaya adjuntó a su publicación el instructivo N° 18 / 2025 del TSJ, firmado por Saucedo. El documento señala que la verificación se realice “de manera inmediata y, dentro de las facultades constitucionales, convencionales y legales (…), en el plazo de 24 horas computables desde su notificación con la disposición”. Recordemos que Añez está detenida desde marzo de 2021, Pumari desde diciembre del mismo año, en tanto que Camacho está recluido desde diciembre de 2022. Si bien la Fiscalía abrió una serie de procesos contra los tres, el principal proceso en su contra está relacionado al supuesto golpe de Estado de 2019 y la renuncia de Evo Morales que le obligó a salir del país, acorralado por las protestas sociales que denunciaban el fraude electoral. En entrevista con EL DEBER, Martín Camacho, abogado del gobernador electo de Santa Cruz, aseguró que tanto su defendido como Añez y Pumari, están encarcelados de manera ilegal, ya que la norma señala que el tiempo máximo de detención preventiva, sin condena ejecutoriada, es de seis meses. Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, dijo que respetan el instructivo del TSJ, respecto de la revisión detención preventiva de las tres personas, pero, al igual que Callisaya, aseveró que “que sería bueno” que la misma orden también se aplique al caso de los otros detenidos preventivos en el país. En caso de Luis Fernando Camacho, se conoce que el juez sexto de sentencia penal de La Paz, Marco Antonio Vargas, convocó a audiencia para reconsiderar la detención preventiva que pesa contra Camacho y Pumari, por el caso golpe I, para el lunes a las 14:00. La convocatoria es para que los acusados estén presentes.