Una organización criminal que operaba con documentos falsificados de Derechos Reales y que logró estafar a ciudadanos y entidades bancarias fue desarticulada en Oruro tras un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía. Cinco personas fueron aprehendidas, entre ellas una funcionaria pública que presuntamente proveía folios en blanco para ejecutar ventas ficticias y solicitudes de crédito fraudulentas.
El fiscal departamental Aldo Morales informó que la estructura delictiva funcionaba de manera sistemática y tenía capacidad para engañar incluso a instituciones financieras. “La investigación ha continuado, se ha verificado varias declaraciones en relación a varias víctimas, toda vez de que hasta entidades bancarias han sido estafadas con relación a documentación falsa de propiedad de inmuebles, la cual ha sido presentada como garantía”, explicó.
El caso salió a la luz cuando una notaría detectó inconsistencias en un documento que pretendía ser protocolizado. Tras verificar la información en Derechos Reales, se confirmó que los datos no coincidían con los registros oficiales y se procedió a la aprehensión del presunto autor, que portaba instrumentos falsificados.
El 18 de noviembre, la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ejecutaron allanamientos simultáneos en dos domicilios vinculados a la red. En el primero, los investigadores hallaron más de 100 sellos de instituciones públicas, un sello seco, folios reales, planos legalizados, títulos profesionales y otros documentos adulterados.
“También se ha encontrado en el otro domicilio documentación en blanco de Derechos Reales; esa documentación no tiene que salir de esas oficinas, por lo cual se ha procedido posteriormente a la aprehensión de una funcionaria, quien presuntamente facilitaba dichos documentos”, detalló Morales.
En la intervención fueron arrestadas dos personas con fines investigativos y se concretó la aprehensión de otras tres, incluida la funcionaria mencionada. En el segundo inmueble se secuestraron computadoras, impresoras y material técnico utilizado para la falsificación.
Las pesquisas revelan que la organización tenía un ´modus operandi´ bien definido: una persona conseguía los papeles y sellos oficiales; otra imprimía, diseñaba y manipulaba los documentos; y una tercera se encargaba de distribuirlos para consumar estafas contra propietarios y bancos.
El Ministerio Público continúa con la recolección de declaraciones y el análisis de los indicios para delimitar responsabilidades, identificar la procedencia del material incautado y establecer si existen más víctimas.
“Estamos frente a una verdadera organización criminal que actuaba de manera sistemática, utilizando documentos falsificados para estafar y captar víctimas. No se descarta la aprehensión de más personas vinculadas a estos hechos”, advirtió Morales en conferencia de prensa.