Bolivia asumió la presidencia Pro Témpore de la Plataforma Regional de Lucha Contra la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, este lunes. Tiene la misión de consolidar la entidad y articular el trabajo de los 10 países integrantes, para combatir este ilícito de carácter global.
Iván Lima, ministro de Justicia, asumió el cargo, durante un acto efectuado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que contó con la presencia de la canciller Celinda Sosa, la jefa de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Argentina, Gabriela Fernández, y el director operativo del Comité de Lucha Contra la Trata, Gustavo Vera.
“Tengan la certeza que trabajaremos de forma conjunta para luchar de forma efectiva contra estas acciones ilícitas”, aseguró Sosa.
Añadió que, en marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores empezará a aplicar el Protocolo de Asistencia Consular para la atención de las víctimas de trata y tráfico.
Por su lado Lima se refirió a la agenda de trabajo que liderará Bolivia en esta plataforma. Indicó que buscará consolidar la plataforma regional para coordinar el apoyo entre las naciones, a través de la secretaría técnica y un marco normativo para trabajar por los más vulnerables víctimas de trata y tráfico.
Lima recordó que Bolivia puede constituirse en un nexo entre los países que integran la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) para definir acciones conjuntas.
“La plataforma es un importante instrumento para la efectivización de políticas en materia de lucha contra estos delitos que dejan una marca profunda no sólo en las víctimas y sus entornos más próximos, sino en nuestras sociedades. Todos debemos estar comprometidos en el combate contra este grave crimen”, expresó Lima.
De acuerdo con la jefa de la OIM en Argentina, Gabriela Fernández, el 63% de las víctimas de trata y tráfico son mujeres y niñas, y la modalidad de explotación más común es el trabajo forzoso, junto con la explotación sexual.
La Plataforma Regional de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes es un espacio de cooperación y coordinación, conformada por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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