La Cámara de Diputados puso en su agenda semanal un proyecto de ley que aplicará la acción de repetición que tiene como objetivo recuperar los gastos en los que incurra el Estado boliviano al acatar sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la reparación de daños a las personas a las que se haya violado sus derechos.
“Ley de acción de repetición emergente del pago de la reparación patrimonial de daños y perjuicios en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” es el pomposo nombre del proyecto que fue presentado en febrero de 2024 por el presidente del Estado, Luis Arce al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca. Ahora el oficialismo retomó ese proyecto.
Según el proyecto de ley será la Procuraduría General del Estado (PGE) la que esté a cargo de la recuperación de los gastos que hubiera erogado el Estado boliviano en la reparación de daños producto de sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que pueden ser soluciones amistosas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“La Procuraduría General del Estado, una vez efectivizado el pago a la o las víctimas conforme a la Sentencia o el Acuerdo de Solución Amistosa, en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario, solicitará información a las entidades y empresas públicas, en las cuales el o los presuntos responsables prestaban funciones a tiempo de la acción u omisión vulneradora de derechos humanos”, señala el artículo 8 del proyecto.
Una vez identificadas a las ex autoridades se les hará conocer el caso y la necesidad del Estado para recuperar el dinero y se esperará hasta 30 días los descargos que presenten los sindicados y luego se remitirá un informe a la Contraloría General del Estado (CGE) para que sea este ente el que recupere el dinero a través de procesos coactivos en contra de los que resultaren responsables de la vulneración de derechos.
El Estado boliviano está próximo a encarar un juicio en la Corte IDH por el caso ‘terrorismo’ que se produjo en el gobierno de Evo Morales. Los acusadores del Estado pretenden el resarcimiento de al menos € 10 millones por la vulneración de sus derechos, cifra que el Gobierno no está dispuesto a erogar y se abrirá el juicio.