El Ministerio Público aprehendió y plantea imputar al arquitecto Roberto Antonio Moreno Sanjinés, perito responsable del avalúo a los terrenos del nuevo vertedero municipal, por lo que se está a la espera de la fecha para su audiencia cautelar. El profesional es acusado por el delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
El arquitecto, tras su aprehensión, ayer en la mañana, fue trasladado a las dependencias del Ministerio Público, donde declaró en calidad de investigado por este caso.
Según informó su abogado, Wilson Vilchez, el sindicado realizó el trabajo porque fue designado por el Colegio de Arquitectos y no por una iniciativa propia. “Es más, el Ministerio Público lo citó en calidad de testigo para que declare mientras se llevan adelante las investigaciones en las que se ven involucradas exautoridades municipales de Santa Cruz de la Sierra”, dijo el jurista del aprehendido.
El abogado añadió que su cliente presentó toda la documentación sobre su trabajo y no tiene ninguna vinculación con las exautoridades implicadas.
Por su parte, el fiscal que investiga el caso Alberto Zeballos, adelantó que en la documentación que se presentó ante la autoridad jurisdiccional, se solicitó que sea enviado preventivamente al penal de Palmasola, por considerar que es presunto autor del delito por el cual se lo sindica y además existirían riesgos procesales en su contra.
Informe de la Contraloría
Hace unas semanas, la directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza, dio a conocer un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) que indicó que la compra de los predios donde actualmente funciona el vertedero municipal se hizo con un sobreprecio de $us 8 millones.
Según Pedraza, el nuevo vertedero, que tiene una superficie de 200 hectáreas, fue comprado en 10 millones de dólares por la anterior gestión municipal. Con respecto a la investigación que lleva adelante la Fiscalía, se encontraron documentos de terrenos colindantes al vertedero municipal con precios inferiores a los que fue vendido el terreno a la Alcaldía cruceña. Respecto al supuesto sobreprecio, el abogado de Moreno Sanjinés señaló que el trabajo se hizo tomando las referencias dictadas por los organismos correspondientes y que la detención no aplica al no haber indicios suficientes que lo ameriten. El 24 de enero pasado, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, informó que se imputó por este caso a la exsecretaria municipal de Administración y Finanzas, Sandra Velarde Casal; la exdirectora de Planificación, Indira Suárez Subirana; y a Fabián Égüez Hurtado, uno de los dueños de los terrenos. La audiencia cautelar de los tres sindicados debió realizarse el pasado viernes 4 de febrero, pero fue suspendida para el 11 de este mes a las 14:00. Las tres personas fueron imputadas por los delitos de contrato lesivo al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.