El sistema penitenciario boliviano enfrenta una crisis que se agudizó tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera revisar las medidas cautelares de los exmandatarios Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. La disposición detonó protestas en diferentes cárceles del país, donde reclusos denuncian trato desigual y reclaman que la revisión se aplique a los más de 4.500 privados de libertad que llevan más de tres años en detención preventiva.
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, advirtió que la determinación del TSJ generó un clima de tensión en los penales. “Tenemos 11.000 personas que ya pasaron más de un año en detención preventiva, 7.000 que superan los dos años, y cerca de 4.500 que han sobrepasado los tres años. Incluso hay casos de 4, 5 y hasta 9 años sin resolución judicial”, alertó.
Protestas en los penalesLas primeras manifestaciones surgieron en las cárceles de Palmasola (Santa Cruz) y Villa Busch (Pando), donde los internos se declararon en estado de emergencia. A ellas se sumaron los reclusos de San Pedro (La Paz), que realizaron un mitin denunciando abandono judicial.
“El reclamo es claro, no puede haber justicia para unos pocos”, insistió Limpias, recordando que la población penitenciaria preventiva alcanza a 18.500 personas, lo que agrava el hacinamiento en las cárceles del país.
AuditoríasAnte la presión, el Consejo de la Magistratura anunció medidas de control. Su representante, Carlos Spencer, informó sobre el inicio de fiscalizaciones a tribunales, auditorías judiciales en casos de retrasos injustificados y la elaboración de un censo técnico nacional de privados de libertad con más de tres años en prisión preventiva.
“La justicia y las leyes son una sola y deben garantizarse para todos los bolivianos”, declaró Spencer.
En paralelo, el TSJ emitió el Instructivo N° 19/2025, ordenando jornadas nacionales de verificación de plazos procesales en todos los recintos penitenciarios.
La crisis también expuso la falta de aplicación de alternativas a la detención preventiva. Limpias denunció que la ley de grilletes electrónicos, que podría ayudar a descongestionar las cárceles, sigue paralizada en la Asamblea Legislativa.