La representación ilegal de Max Mendoza en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) fue alertada por el ex rector de la UMSA, Waldo Albarracín, quien envió una carta describiendo este hecho al entonces ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta; este emitió un comunicado en su cuenta de Facebook donde incluyó documentos adjuntos, entre ellos una carta de respuesta a Albarracín, en donde avala la nominación del quincuagenario dirigente.
“Advertirá su autoridad que el susodicho estudiante no cumple tales requisitos, por tanto, está usurpando funciones, transgrediendo el artículo 122 de la Constitución Política del Estado y 163 del Código Penal (…), razón por la que la UMSA espera se promueva las acciones legales correspondientes”, advierte la misiva que mandó Albarracín a Arce Zaconeta el 4 de febrero.
En la actualidad, Max Mendoza está enjuiciado y detenido por los delitos de conducta antieconómica y usurpación de funciones, por haber cobrado Bs 21.870 desde 2018 hasta mayo de este año como si fuera parte del CEUB cuando no le correspondía.
El ahora embajador de Bolivia ante la OEA y que en la fecha de la carta fungía como Ministro de Justicia, en una misiva de dos carillas (con fecha 15 de marzo de 2019), avaló la designación de Mendoza y desafió a Albarracín a iniciar una acción penal al dirigente universitario.
“El Señor Max Mendoza, en el marco del Artículo Cuarto de la Resolución N° 4/2018 del XIII Congreso Nacional de Universidades, como la Máxima Autoridad del Sistema Universitario, ha sido elegido como representante administrativo del CEUB, en su calidad de Presidente de la CUB”, señala uno de los puntos de la carta de Arce. “Aspecto que acredita al Sr. Max Mendoza para ser parte del Convenio Interinstitucional de apoyo al Censo Carcelario”, avala en el segundo punto de tres que contiene la carta de respuesta.
La advertencia de Albarracín (4 de febrero de 2019) se produjo 50 días después que Mendoza fue designado como autoridad de la CEUB. La respuesta de Arce se produjo el 15 de marzo, es decir más de un mes después que Albarracín mandara el reclamo.
Ese año, el Gobierno lanzó su iniciativa para realizar el “censo carcelario” y de la que participaron siete instituciones. Entonces, por la CEUB, fue designado Mendoza como secretario ejecutivo, esa nominación provocó la reacción de la UMSA que observó que las autoridades del ente universitario deben cumplir requisitos.
“Para ser elegido miembro del Comité Ejecutivo del Sistema de la Universidad Boliviana se requiere: a) Ser ciudadano boliviano en ejercicio. b) Poseer grado académico de Doctor, Magister, Licenciado o sus equivalentes. C) Ser docente con más de cinco años de antigüedad como titular en cualquiera de las universidades autónomas del Sistema de la Universidad Boliviana y estar en el ejercicio de la cátedra en el momento de ser elegido o en función de autoridad universitaria”, transcribe la carta que mandó el exrector al ahora embajador de Bolivia ante la OEA.
Esta misiva revela que Mendoza desempeñó tres cargos, en mayo de 2018 fue secretario nacional del XIII congreso nacional universitario; en diciembre de aquel año, cambió a secretario nacional a i de la CEUB y en febrero de 2019 ya firmaba como secretario ejecutivo. En 8 meses tuvo tres cargos.
Arce, también se declaró defensor de la autonomía y desafió al entonces rector a asumir acciones. “Como firme defensor de la autonomía universitaria, le manifiesto que, si su autoridad en calidad de Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, considera que existen mayores observaciones a dicha representación y siendo esta además su competencia, tiene el deber de seguir las acciones administrativas o legales que considere”, señala la última parte de la misiva del entonces ministro de Justicia.