La Central de Comunidades Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios (Citrmd) lanzó una grave denuncia contra la expansión de la minería ilegal en el río Toromonas, dentro de la TCO Tacanas II, en la provincia Iturralde de La Paz. La organización, respaldada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), alertó que las operaciones con dragas y maquinaria pesada están avanzando sobre un territorio donde existen indicios de la presencia de un pueblo indígena en aislamiento voluntario, lo que podría desencadenar un etnocidio, advierten.
Las organizaciones presentaron ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) registros audiovisuales y verificaciones de campo que evidencian contaminación, deforestación y destrucción del ecosistema amazónico. Exigen una inspección inmediata y presencial, con la participación de autoridades indígenas para garantizar transparencia y evitar que, nuevamente, se minimicen los impactos.
El presidente de la Citrmd, Roland Mejía, remarcó que ninguna autoridad indígena legítima autorizó actividades mineras en la zona. “Cualquier documento que intente avalar estas operaciones proviene de personas que actúan a título individual”, afirmó.
Las organizaciones también cuestionaron que inspecciones previas de la AJAM -realizadas durante la anterior gestión de gobierno- no detectaran la magnitud de los daños, pese a que las comunidades denunciaron reiteradamente la presencia de dragas y campamentos clandestinos en plena selva. Aseguran que esa falta de respuesta estatal permitió que los operadores ilegales se consoliden y expandan.
Por ello, pidieron activar de manera urgente acciones de interdicción, paralizar todas las actividades mineras y proceder al desalojo de los operadores ilegales, incluidos extranjeros, que se encuentran interviniendo el territorio sin consentimiento de los pueblos originarios.
Las organizaciones recordaron que la TCO Tacanas II cuenta con doble protección legal: además de ser un territorio titulado, está reconocida como zona con presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento. Esta condición obliga al Estado a aplicar la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad, así como estándares internacionales de derechos humanos que blindan a los pueblos no contactados y restringen cualquier actividad que ponga en riesgo su existencia física o cultural.
“Defenderemos nuestra casa grande y no permitiremos que destruyan nuestro territorio ni amenacen a nuestros hermanos en aislamiento”, señala el pronunciamiento.