La Aduana Nacional anunció este sábado la suspensión inmediata de funcionarios del Aeropuerto Internacional de Viru Viru presuntamente vinculados al ingreso irregular de 32 maletas, y confirmó que se constituirá en parte querellante dentro de la investigación penal que indaga un posible caso de corrupción y tráfico de sustancias controladas.
Mediante un boletín institucional, la entidad informó que formalizará ante el Ministerio Público su adhesión inmediata a la causa, garantizando “la entrega total de información, documentación y cooperación técnica para que los responsables enfrenten el rigor de la ley”.
La medida fue dispuesta por el presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, quien aseguró que la institución no encubrirá ningún hecho irregular.
“No estamos ante simples errores administrativos, sino ante conductas criminales que deben recibir sanciones con todo el peso de la ley”, señaló la autoridad.
Aunque la Aduana no precisó el número de funcionarios suspendidos, indicó que la decisión busca facilitar la transparencia de la investigación y evitar cualquier tipo de interferencia en el proceso penal en curso.
El denominado caso “maletas” salió a la luz tras un allanamiento fiscal a un galpón en el marco de una investigación por presunto tráfico de armas; sin embargo, durante el operativo, los agentes encontraron sustancias controladas, lo que dio lugar a una segunda investigación por narcotráfico.
Según las pesquisas preliminares, la droga hallada estaría vinculada con el ingreso de las 32 maletas a través del aeropuerto de Viru Viru, el mismo día en que arribó al país la exlegisladora Laura R., quien figura entre las personas investigadas dentro del caso.
En este contexto, el juez Hebert Z. fue aprehendido el viernes y será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas para definir su situación jurídica. Aunque el sindicado negó cualquier relación con los hechos, la Fiscalía sostiene que el galpón donde se halló la droga es de su propiedad.
En su pronunciamiento, la Aduana Nacional rechazó “cualquier acto de corrupción” y exhortó a las autoridades judiciales a actuar con firmeza, recordando que los hechos investigados configuran delitos graves tipificados en el Código Penal boliviano, como receptación y encubrimiento, incumplimiento de deberes y delitos vinculados a la corrupción pública.
“La Aduana Nacional reafirma su política de tolerancia cero a la corrupción y su compromiso con la transparencia en la gestión aduanera y la defensa de los intereses del país”, concluye el comunicado.