De nueve cocaleros detenidos entre septiembre y noviembre de 2022, tres ya lograron salir de la cárcel, dos tienen detención domiciliaria, tres están recluidos en el penal de San Pedro y uno tiene mandamiento de libertad, pero lo llevaron a La Muralla, como castigo. Así está la situación de los campesinos productores de coca que fueron enviados a prisión por la quema del mercado ilegal de Arnold Alanes. Pero el abogado defensor, Jorge Valda, denunció que en realidad hay un chantaje desde el propio Gobierno porque dejó en “libertad” a aquellos que se declararon culpables de los 15 delitos por los que los acusaron. Les dijeron que era la única forma de obtener su libertad, porque los sentenciaron a tres años de prisión y eso les permitió acceder a salir de la cárcel. “No hubo liberación, los tres que ya salieron (porque) en realidad se declararon culpables, (Omar) Pino, (Gonzalo) Lupaca y Porfirio Rivero. Como la Fiscalía no logró reunir pruebas, les prometieron la libertad a cambio de declararse culpables y evitar un juicio internacional contra el Estado”, declaró el abogado que defendió a los cocaleros. Desde el 28 de abril los cocaleros empezaron a dejar su encierro y solo se conoció que Gonzalo Lupaca se acogió a un proceso abreviado. No se conocía que Omar Pino y Porfirio Rivero, liberado el jueves, hubieran accedido a ese beneficio declarándose culpables. “Es más, hoy (por ayer viernes), trasladan a César Apaza a San Pedro; pero la orden del médico de Conchocoro no dice traslado al penal, dice internación en un centro hospitalario. Ahora aparecen las autoridades diciendo que accedieron para facilitarle el acceso a salud, y no es eso”, dijo Valda al contradecir al director de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias. “Había una susceptibilidad en Chonchocoro respecto al estado de salud del privado de libertad, una susceptibilidad de los privados de libertad en torno a una responsabilidad”, dijo Limpias al justificar el retorno de Apaza a San Pedro. La denuncia no se queda ahí, el 19 de mayo de este año, otro dirigente cocalero, Raúl Uría, vicepresidente de las juventudes yungueñas accedió a la libertad condicional sin declararse culpable. Valda explicó que el Gobierno apeló esa decisión y fueron a esa audiencia donde nuevamente ratificaron la libertad de Uría. Sin embargo, la Policía, según el abogado Valda, dilató la detención y el martes realizaron un supuesto operativo dentro del penal de San Pedro y acusaron a Uría de tener un teléfono en su celda y por eso lo llevaron como castigo a La Muralla, donde permanece en estos momentos. Asimismo, dijo que quien habla con los cocaleros para que se declaren culpables de la quema del mercado de Adepcoca es el propio presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, habla personalmente con sus paisanos y los convence de ir a juicio abreviado. “Entonces, nosotros le ganamos al Gobierno los casos, pero estos no dejan salir en libertad y los que se acogen a proceso abreviado les aceptan todo”, relató Valda.
¿Quiere recibir notificaciones de alertas?