Tras la reciente anulación, por parte de una corte estadounidense, de la indemnización de más de 200 millones de dólares relacionada con la tragedia aérea del Chapecoense, el abogado de Celia Castedo, Samuel Durán, aseguró que el fallo abre un nuevo escenario legal que podría afectar directamente a las víctimas y replantea la responsabilidad económica del siniestro ocurrido en 2016.
"Este fallo que nosotros hemos visto en Estados Unidos creo que afecta más a las víctimas (...) Tenemos que tener lectura del presente proceso. Nosotros creemos que lo que está buscando el reaseguro es buscar otro culpable que no sean ellos para no asumir su responsabilidad en la reparación de las víctimas", indicó el abogado Durán a EL DEBER.
Celia Castedo, exfuncionaria de Aasana, fue acusada en Bolivia de presuntas irregularidades en el plan de vuelo de la aerolínea LaMia, cuya aeronave se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en Colombia, dejando 71 fallecidos. Hoy enfrenta un proceso penal en etapa de juicio.
Tres procesos abiertos y un fallo que cambia el panorama
Durán explicó que el caso Chapecoense involucra tres procesos paralelos: un laudo arbitral, una demanda civil y el juicio penal en Bolivia. Ninguno ha concluido. El abogado afirmó que la sentencia emitida en Estados Unidos “no era viable”, ya que los procesos en Bolivia —tanto penal como civil— aún no llegaron a una resolución definitiva. Recordó que “el juicio penal se encuentra con auto de apertura”, y el laudo arbitral sigue sin resolverse.
La responsabilidad econoómica para la reparación de los daños causados deben ser asumidas por el seguro y luego por el reaseguro, indicó el abogado. Asimismo, indicó que quien apeló a la resolución emitida por una corte de Estados Unidos fue el reaseguro porque "no quiere cubrir los daños materiales que son más de 800 millones de dólares".
Intervención de Estados Unidos
El abogado advirtió que, si el reaseguro no asume la indemnización, las víctimas podrían iniciar acciones contra Estados Unidos, donde tiene sede la empresa reaseguradora utilizada por el seguro boliviano. Durán explicó que, aunque el avión partió de Bolivia, cayó en Colombia y fue fabricado en Inglaterra, el proceso llegó a Estados Unidos porque el reaseguro adquirido por la aseguradora boliviana está domiciliado en ese país.
“La responsabilidad no es de funcionarios bolivianos”
El abogado enfatizó que el informe oficial de la Aeronáutica Civil de Colombia —emitido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)— concluye que no hubo responsabilidad de funcionarios bolivianos en el accidente.
"El gobierno de Colombia ha logrado hacer el estudio y ha determinado que la responsabilidad no es de los funcionarios bolivianos (...) Este informe de la OACI establece con claridad que el motivo o el culpable del accidente no merece a un cálculo humano, mucho menos que hubiera intervenido en alguna situación de normas funcionales. Dice que existe un vacío en la normativa que permitió que el vuelo salga, y más se trata de un aspecto justamente de los administradores y los funcionarios. No es un funcionario específico del gobierno, del Estado o de la administración boliviana", explicó Durán.
Añadió que existen vacíos normativos y responsabilidades administrativas, pero no atribuciones directas a Castedo ni a otros servidores del Estado.
La situación jurídica de Celia Castedo
Durán confirmó que Castedo se encuentra actualmente en Bolivia, ejerciendo su defensa. Si bien en 2016 salió del país hacia Brasil alegando persecución, hoy enfrenta el proceso penal de manera presencial. El juicio ha sido suspendido en varias ocasiones, pero —según el abogado— no por responsabilidad de su defendida ni del Ministerio Público, sino por la ausencia de instituciones estatales que debían participar como partes procesales.
"El proceso mismo que se encuentra en etapa de juicio, que estamos por iniciar el juicio, ya se ha suspendido varias veces y eso tiene que quedar claro: No por culpa de la señora Celia Castedo no por culpa del Ministerio Público, no por culpa del Tribunal. Son las instituciones del Estado las que no han podido participar por diversos motivos como poderes, representación, notificaciones y demás (...) Las instituciones públicas no han podido apersonarse al proceso y esto no ha permitido que el juicio oral, público y contradictorio se lleve a cabo", explicó.
Durán desmintió categóricamente que su defendida haya autorizado el plan de vuelo de LaMia. “Eso no estaba dentro de sus facultades. Según los manuales de la OACI, no era ella quien decidía la salida del avión”, afirmó.
Aseguró que la entidad competente para autorizar el vuelo era la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y que los documentos del caso demuestran que esa institución aprobó el plan de vuelo presentado por la aerolínea.
“La DGAC es la que autoriza el vuelo de LaMia hacia Colombia, tal cual estaba el manual de vuelo que ellos tenían. Ellos presentan su plan de vuelo (..)
En la DGAC, si revisan el expediente, ahora es denunciante. Es decir, el que debería ser imputado, le echa la culpa a una persona que no tenía absolutamente nada que ver con esto. Los manuales establecen que la señora Celia Castedo no tenía la competencia para autorizar o no el vuelo”, apuntó antes de terminar la entrevista.