La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió tutela a la Acción Popular presentada por la Defensoría del Pueblo y ordenó a seis entidades públicas ejecutar medidas urgentes para frenar la contaminación de fuentes de agua y el uso de cianuro en actividades mineras del municipio de Viacha.
La resolución judicial (N.º 266/2025) asumida la madrugada de este jueves establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha deben asumir sus competencias de fiscalización, control y supervisión ambiental.
Mandatos judiciales
El fallo dispone que el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con el Viceministerio de Recursos Hídricos, el Ministerio de Salud, la Gobernación y la Alcaldía de Viacha, realicen estudios sobre la calidad del agua y del medioambiente en las comunidades Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo.
Asimismo, ordena al Ministerio de Minería ejercer un control efectivo sobre todas las empresas mineras para garantizar que cuenten con licencia ambiental, de funcionamiento y de operación, conforme a la ley. Las autoridades demandadas deberán además remitir información ambiental y de fiscalización a la Defensoría del Pueblo y desplegar acciones inmediatas para resguardar los derechos colectivos al agua, la salud, el medio ambiente y la Madre Tierra.
“Esta decisión representa un paso importante hacia la justicia ambiental. Ratifica que las instituciones del Estado deben actuar de manera coordinada, transparente y responsable para proteger los ecosistemas y la salud de las comunidades”, destacó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien recordó que el fallo se enmarca en la Ley de Medio Ambiente (1333) y el Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia mediante la Ley 1181.
Contaminación confirmada
Informes técnicos de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha (Emapav) confirman que cuatro de las 23 empresas mineras que operan en el municipio contaminan con cianuro fuentes de agua. En total, 21 de esas empresas trabajan de forma ilegal, sin licencia ambiental ni autorización de funcionamiento.
Los estudios de laboratorio realizados el 22 de agosto de 2025 detectaron presencia de cianuro libre en los pozos de las empresas Dinámycos, Rupaymin, Jacha Kollo y Jacha Mallku. En el caso de Rupaymin, la contaminación fue hallada incluso en agua dispensada desde un tanque industrial utilizado para consumo humano en comunidades cercanas.
Viacha no posee yacimientos metálicos propios. Los residuos mineros llegan desde otros departamentos para un segundo proceso de lixiviación que permite recuperar restos de zinc, níquel o cobre, práctica que ha convertido al municipio en un foco de riesgo ambiental.
Crisis ambiental y desconfianza ciudadana
La contaminación minera se suma a otros dos factores críticos: las ladrilleras y cerámicas que emiten residuos al aire, y las aguas servidas de El Alto que desembocan en el río Pallina, según estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2023).
Autoridades originarias denuncian que la degradación avanza desde hace más de 40 años, con la desaparición de fauna y cultivos. “Las aguas negras sustituyeron los ecosistemas que alimentaban al lago Titicaca. Ahora la contaminación minera amenaza también nuestras fuentes subterráneas”, alertó en su momento Juan Pablo Yujra, dirigente del Organismo de Gestión de Cuenca de la Microcuenca Pallina.
Tensión política y social
El conflicto ambiental ya derivó en movilizaciones de las 61 comunidades de Viacha, que marcharon hasta la Alcaldía y lograron la aprobación de una ley municipal que ordena la expulsión de las 23 empresas mineras. El alcalde Napoleón Yahuasi promulgó la norma, pero enfrenta pedidos de suspensión por parte de los dirigentes, que lo acusan de haber tolerado la contaminación y de negar información pública.
La concejal Lizeth Villagómez responsabilizó a las autoridades locales y al Ministerio de Medio Ambiente por la inacción frente a los informes de contaminación. En contraste, el viceministro Álvaro Ruiz sostuvo en contacto con los periodistas que “los estudios no evidencian presencia de cianuro en el agua”, aunque admitió que se revisarán las licencias de las empresas que operan sin autorización.
Un precedente en defensa del agua
La Defensoría del Pueblo destacó que la sentencia judicial marca un precedente histórico para la protección de los derechos colectivos y de la Madre Tierra. Desde 2024, la institución impulsa un Comité Interinstitucional para la Protección de los Recursos Hídricos de Viacha, que ha realizado más de diez inspecciones y elaborado un plan de acción a corto, mediano y largo plazo.
“Damos un paso firme en defensa de la vida. Esta resolución obliga al Estado a actuar y demuestra que el desarrollo económico no puede vulnerar el derecho al agua ni la salud de las comunidades”, enfatizó Callisaya.