El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, pidió ayer la renuncia inmediata de los cinco magistrados ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a quienes acusó de dañar la democracia. Desde el TCP recordaron que solo una elección por voto puede sustituirlos y expresaron sorpresa por el cambio de postura del titular del TSJ.
El ultimátum de Saucedo tiene lugar a un mes de la culminación del mandato de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, un final que también coincide con una histórica transición política que marca el ocaso del MAS en el poder. “Hay dos caminos: renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes. ¡Bolivia debe recuperar la institucionalidad!”, escribió Rómer Saucedo en su cuenta oficial en X.
El mensaje estuvo acompañado de las fotografías de los magistrados Gonzalo Hurtado (Beni), René Yván Espada (Pando), Karem Lorena Gallardo (Cochabamba), Isidora Jiménez (Santa Cruz) y Julia Elizabeth Cornejo (Tarija), quienes ampliaron sus funciones pese a que su mandato otorgado con a través del voto ciudadano concluyera en diciembre de 2023.
Saucedo afirmó que el TCP, bajo la conducción de estos magistrados, se convirtió en “una de las instituciones que más daño le ha hecho al país y a su democracia”. Recordó además que la Cámara de Senadores ya aprobó el proyecto de ley de Adecuación constitucional para el funcionamiento transitorio y excepcional del TSJ y del TCP, a iniciativa de la senadora Silvia Salame, que dispone el cese de los magistrados prorrogados. La norma aguarda su tratamiento en Diputados que, hasta finales de septiembre, tenían un rezago de 619 iniciativas legales —88% planteadas en el curso de la última legislatura que termina en 30 días—, según información solicitada y franqueada a EL DEBER por canales oficiales en mérito a las disposiciones de acceso a la información pública.
Tras la publicación, algunos magistrados del TCP —que pidieron mantener su nombre en reserva— recordaron ayer que “el único mecanismo constitucional para sustituir autoridades judiciales es mediante elecciones por voto universal”, y advirtieron que la Asamblea Legislativa no puede disponer el cese de los magistrados sin vulnerar la independencia de poderes, citando el artículo 158 -I.5 de la Constitución que otorga al Legislativo la facultad de preseleccionar candidatos, pero no de retirar mandatos de voto popular.
Los tribunos expresaron además su sorpresa por el cambio de postura del presidente del TSJ, a quien recordaron que en septiembre participaron juntos de una Sala Plena conjunta en la que se designaron vocales constitucionales, y que a principios de año Saucedo admitió la necesidad de convivir temporalmente con los prorrogados hasta que se elijan reemplazos mediante voto.
“Después de ocho meses de coordinación conjunta, sorprende este giro de posición, más aún a dos semanas del balotaje presidencial”, señalaron. Añadieron que cesar a los cinco magistrados prorrogados y permitir el funcionamiento del TCP solo con los cuatro electos en diciembre de 2024, como plantea la ley Salame, podría “generar un vacío jurisdiccional temporal”. “La propuesta podría constituir una intromisión de un órgano sobre otro y un quiebre de la separación de poderes”.
En todo caso, fue la segunda vez que Saucedo se pronuncia sobre esto. El 17 de julio, durante la conmemoración de la instalación de la extinta Corte Suprema, hoy TSJ, encaró al presidente del TCP exhortándolo a dar certidumbre a las elecciones generales y evitar que se cercenen las atribuciones del TSJ en la designación de vocales constitucionales.
“Nos mantendremos hasta que venga nuestro reemplazo. Corresponde que la Asamblea la preselección que aún no culminaron”, declaró Hurtado el pasado 10 de septiembre.