La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, rechazó la solicitud de Amparo Constitucional que presentó el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, contra el pedido del Ministerio Público que solicita a la Asamblea Legislativa iniciar un juicio de responsabilidades en contra de los cinco magistrados “auto prorrogados”.
Con esta determinación, el requerimiento que presentó la Fiscalía de Chuquisaca, permanece vigente, y el caso deberá ser tratado en la Asamblea Legislativa, donde por procedimiento, se debe analizar, si la solicitud de caso de corte contra los magistrados del TCP, procede o no.
“Se da vigor y vigencia a que el requerimiento emitido por el fiscal de Chuquisaca se mantiene en pie para que Hurtado y compañía sean procesados en el Congreso (Asamblea Legislativa)”, señaló desde Beni el abogado constitucionalista Hans Soruco.
La semana que termina, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, generó un terremoto político y judicial al exigir la renuncia inmediata de los cinco magistrados “autoprorrogados” del TCP. “Hay dos caminos: renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad, o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes”, sentenciaba Saucedo.
Horas después, la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, remitió al Legislativo, la documentación con todos los antecedentes para solicitar que se abra un juicio de responsabilidades en contra de: Gonzalo Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo. La gestión de estas autoridades feneció el 31 de diciembre de 2023.
La conminatoria fue inmediatamente rechazada por el magistrado Hurtado dejando en claro que sólo se irán cuando la Asamblea convoque a las elecciones judiciales complementarias para que la ciudadanía elija, mediante voto popular, a los nuevos magistrados del TCP.
Acto seguido, el 9 de octubre, Hurtado presentó la Acción de Amparo Constitucional en el TDJ de Beni, contra la fiscal Jenny Esther Torrico Delgadillo, de la Unidad de Análisis de la Fiscalía de Chuquisaca, buscando anular la remisión de obrados a la Asamblea Legislativa y que el caso sea desestimado.
Sin embargo, tras la audiencia pública celebrada de manera telemática, la Sala Constitucional Primera, integrada por los vocales Charles Fernando Mejía Cardozo y Marco Antonio Justiniano Mejía, con la secretaria Mayte Daniela Suárez Dorado, resolvió denegar la tutela, consolidando así la validez de la decisión fiscal y habilitando la vía legislativa para el proceso.
Pleno respaldo de TDJ de Potosí
En ese marco, el TDJ de Potosí cierra filas en torno al presidente del TSJ, Rómer Saucedo, y expresa “su más enérgico y total respaldo a las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia y las acciones legales emprendidas en relación al cese de funciones de los magistrados autoprorrogados” del TCP.
La exigencia de renuncia y pedidos de juicio de responsabilidades contra los cinco magistrados del TCP llega después de más de diez meses de ser posesionados como autoridades del TSJ, al filo del proceso electoral para un cambio de mandato presidencial y cuando la Asamblea Legislativa está a punto de clausurar su gestión de cinco años.
“La autoprórroga en el cargo constituye una afrenta al Estado de Derecho ya que vulnera los principios constitucionales de temporalidad de las funciones y de sujeción a la ley. Esta práctica, lejos de fortalecer la Justicia, la merma y debilita quebrantando el corazón del Estado Constitucional de Derecho (sic)”, se lee en un comunicado del TDJ de Potosí.