Hace exactamente una semana, en coincidencia con el Da Internacional de los Derechos Humanos que cada ao se conmemora el 10 de diciembre, cientos de privados de libertad se amotinaron en la crcel de Palmasola. Lo hicieron reclamando porque llevaban das sin recibir el rancho, plato nico que se les sirve como principal alimento. Formaban parte de los 11.000 internos que subsisten en condiciones inimaginables en el recinto carcelario ms grande del pas. La protesta fue originada por la falta de pago del prediario de Bs 8 por persona. La Gobernacin de Santa Cruz admiti la deuda que se mantiene pendiente desde hace tres meses y asumi el compromiso de honrarla. De su lado, el director de Rgimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias deslind responsabilidades sealando que el problema suscitado lo debe resolver el Gobierno departamental que, a su turno, dej en claro que la cobertura del prediario es una competencia delegada por el Gobierno nacional y como los recursos escasean, est realizando una reingeniera financiera para cumplir con la obligacin. Lo ocurrido en Palmasola no es un hecho aislado, aunque s es menos grave que los sangrientos estallidos de violencia ocurridos hace algn tiempo en su interior, al igual que en otras crceles del pas, en palmaria y recurrente constatacin del fracaso irrefutable de un sistema penitenciario por sus mltiples fallas, porque no se han realizado, desde ningn mbito, propuestas y acciones formales para revertir una situacin ya insostenible y extremadamente peligrosa. Segn un informe de Insight Crime, los problemas del sistema penitenciario boliviano, tienen que ver con el hacinamiento que alcanza niveles crticos en las crceles por encima del 250 por ciento de su capacidad total. Bolivia tiene la quinta peor situacin de hacinamiento en Latinoamrica despus de Hait, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Ello se debe en gran medida al uso generalizado de la prisin preventiva en el pas que tiene el ndice ms alto en la regin despus de El Salvador. El mismo informe revela que ms del 60 por ciento de los presos est a la espera de juicio en Santa Cruz, que los fiscales solicitan prisin preventiva en casi el 96% de las audiencias preliminares y que la mayora de los casos pendientes toman entre dos y tres aos para resolverse. Un sistema penitenciario es considerado corrupto y precario cuando no reforma a quienes delinquen, sino que los especializa en la crueldad, el odio y la venganza. En cambio, un buen sistema es el que no corrompe y adems contribuye a la correccin de comportamientos inapropiados, pues la prisin no corrije, deprava. Y nuestro fallido sistema penitenciario deprava porque, entre otros males, prefiere ignorar a los privados de libertad. En un estudio de la Oficina Jurdica para la Mujer sobre el sistema carcelario fueron identificados, entre otros, los problemas de hacinamiento y la falta de clasificacin penitenciaria, las dificultades para acceder a medidas sustitutivas, un insuficiente servicio de defensa pblica, deficientes condiciones de salud, alimentacin e higiene, inadecuadas condiciones para las visitas conyugales, violencia y maltrato al interior de las crceles. Tampoco existen programas eficientes de rehabilitacin ni policas especializados en seguridad penitenciaria. En el diagnstico, no se puede perder de vista que el presupuesto para la administracin de justicia llega al 0.7% del PGE, lo que incide en la escasez de jueces y en la mora judicial, cuando otros pases invierten al menos el 5% de sus recursos para el buen funcionamiento de su sistema judicial. En el tratamiento y la bsqueda de soluciones a la gravsima problemtica expuesta, es inexcusable la participacin y el compromiso de autoridades y reparticiones locales y nacionales. Urge revertir cuanto antes el colapso de un sistema penitenciario que puede convertir en una bomba de tiempo a los 53 centros de reclusin que funcionan de cualquier modo en el pas.
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