Por J. Alex Bernabé Colque, defensor de derechos humanos El servicio militar obligatorio para varones es una práctica anacrónica que fue impuesta en un contexto histórico en el que Bolivia enfrentaba conflictos armados. Con el tiempo, esta tradición se mantuvo, a pesar de que ya no responde a las necesidades actuales del país. Además, el servicio militar ha sido objeto de fuertes denuncias por graves vulneraciones de derechos humanos, como maltratos, torturas y abusos físicos, cuyas principales víctimas han sido jóvenes de áreas rurales, indígenas y de escasos recursos económicos. Según reportes del diario El Deber, entre los años 2010 y 2023, sesenta y dos conscriptos perdieron la vida en los cuarteles debido a sanciones físicas, golpizas o durante prácticas de entrenamiento. El servicio militar obligatorio fue incorporado a la legislación boliviana en 1907, durante el gobierno de Ismael Montes (1904–1909), quien participó en la Guerra del Pacífico (1879–1880). Posteriormente, se incluyó en la Constitución de 1938 bajo el enunciado de “cumplir los deberes militares” como requisito para ser diputado, según el artículo 63.2. Desde entonces, esta disposición se ha mantenido en las sucesivas reformas constitucionales. Sin embargo, esta práctica contradice los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la actual Constitución Política del Estado, así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Bolivia es parte. Durante el proceso de “refundación” del Estado a través de la Asamblea Constituyente (2006–2007), se instaló un debate sobre el servicio militar obligatorio y la objeción de conciencia en 2008. Sin embargo, este debate no tuvo resultados concretos y, por el contrario, evidenció una clase política con una posición conservadora, colonial, machista y clasista, como lo señala Marta Cabezas Fernández en su artículo Ciudadanía y Estado. Servicio militar obligatorio en la Bolivia contemporánea (2015). En 2003, la Defensoría del Pueblo presentó un Amparo Constitucional por el derecho a la objeción de conciencia en relación al servicio militar obligatorio. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no admitió la demanda, argumentando que la objeción de conciencia no está reconocida de manera explícita en la normativa boliviana ni en el sistema internacional de derechos humanos. Ante esto, la Defensoría del Pueblo llevó el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante el informe Nro. 52/04, declaró admisible el caso y promovió una solución amistosa entre las partes. No obstante, dos de los cinco acuerdos siguen pendientes: la incorporación del derecho a la objeción de conciencia en la legislación militar y la promoción de su aprobación en el Congreso. En 2016, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 265/2016-S2, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a regular el derecho a la objeción de conciencia y a establecer alternativas al servicio militar obligatorio. Sin embargo, hasta la fecha, esta recomendación no ha sido cumplida. A pesar de las recomendaciones de la CIDH y del Tribunal Constitucional, el Estado boliviano no ha avanzado en la regulación del servicio militar obligatorio ni en la garantía del derecho a la objeción de conciencia. Actualmente, existe un proyecto de ley en el Congreso que aborda este tema, y es responsabilidad de las y los asambleístas retomar su tratamiento, en consonancia con el bloque de constitucionalidad establecido en la Constitución Política del Estado. La obligatoriedad del servicio militar para varones entra en conflicto con los derechos fundamentales, civiles y políticos consagrados en la Constitución boliviana, particularmente con los artículos 13 al 21, que garantizan los derechos fundamentales y la libertad de pensamiento. Además, esta práctica contradice el artículo 10 de la Constitución, que declara al Estado boliviano como pacifista y promotor de la cultura de paz. El servicio militar obligatorio no solo es una reliquia del pasado, sino también una práctica que perpetúa la desigualdad y la violencia en pleno siglo XXI. Es urgente que la sociedad boliviana y sus gobernantes reflexionen sobre la necesidad de abolir esta norma y avanzar hacia un sistema que respete los derechos humanos, la igualdad y la libertad individual.
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