Las cámaras de comercio, federaciones empresariales, colegios de abogados y centros de estudio jurídico del país tienen hoy un reto importante: abrir un debate serio sobre la posibilidad de extender la línea jurisprudencial sobre reestructuración laboral aplicada al sector público hacia el sector privado, en Bolivia.
No se trata únicamente de defender la libertad de empresa, sino también el derecho al trabajo de las nuevas generaciones, el principio de igualdad y la necesidad real de modernizar las estructuras organizacionales de acuerdo con los nuevos desafíos tecnológicos. Permitir reestructuraciones legítimas, objetivas y controladas no debilita el orden laboral; por el contrario, lo pone en sintonía con las exigencias de competitividad, innovación y cambio tecnológico que ya redefinen el mundo del trabajo.
La SCP 0311/2013-L sostuvo que la estabilidad laboral, aunque se encuentra protegida por la Constitución, no opera como una garantía absoluta cuando sobrevienen transformaciones estructurales profundas. En ese marco, estableció que es posible concluir la relación laboral cuando se demuestra la existencia de fuerza mayor o caso fortuito, debiendo acreditarse por parte del empleador que la causa sea imprevisible, inevitable, ajena al empleador y al trabajador, actual, sobreviniente y absoluta, de manera que impida la continuidad de la relación laboral.
Aunque esta sentencia fundadora de línea jurisprudencial fue desarrollada para su aplicación en el ámbito público, su ratio puede servir de base para construir una línea también aplicable al sector privado. La razón es simple: las tecnologías están cambiando con enorme velocidad la manera en que se produce, se organiza el trabajo y se compite en el mercado. Las empresas necesitan adaptarse, incorporar nuevas habilidades, reorganizar funciones y ajustar sus recursos humanos a entornos cada vez más exigentes y cambiantes. En ese escenario, la reestructuración constituye una herramienta legítima de adaptación. Aceptar esta realidad no significa abandonar la protección del trabajador, significa reconocer que una doctrina que admita la reestructuración como causa de desvinculación, bajo criterios estrictos y controlables, ayudando a compatibilizar la estabilidad laboral, innovación y sostenibilidad económica. Negar toda posibilidad de reorganización efectiva puede terminar imponiendo una rigidez incompatible con la realidad tecnológica contemporánea.
Por otro lado, una inamovilidad casi absoluta afecta el derecho al trabajo de las nuevas generaciones. Cuando el sistema bloquea la renovación de capacidades y dificulta la rotación funcional que exige la economía actual, no solo protege a quienes ya están dentro, también está cerrando oportunidades a quienes ya deberían haber ingresado al mercado laboral con nuevas competencias.
Por supuesto, extender esta línea al sector privado no puede significar abrir la puerta al despido indiscriminado. La propia SCP 0311/2013-L exige una demostración rigurosa de la causa objetiva y recuerda, además, que la terminación del vínculo “no implica el incumplimiento de parte del empleador de las obligaciones sociales a favor del trabajador”. Ese estándar debe conservarse con firmeza en cualquier desarrollo futuro.
La jurisprudencia antes citada, dio un primer paso al reconocer que la estabilidad laboral en el sector público encuentra límites frente a transformaciones estructurales genuinas. El desafío ahora es avanzar hacia una doctrina que, sin debilitar la tutela del trabajador, también permita responder con realismo a las necesidades de modernización, competitividad y adaptación tecnológica que enfrenta el sector privado.
(*) La autora es abogada constitucionalista, especializada en Investigación Jurisprudencial