En Bolivia, llenar el tanque sigue siendo barato comparado con otros países, pero ¿a qué costo? Detrás de cada litro subsidiado hay una factura que pagamos todos: hospitales sin insumos, escuelas sin recursos y carreteras deterioradas. Solo en 2023, los subsidios a los combustibles drenaron en torno al 5% del PIB, una cifra alarmante que asfixia las finanzas públicas y estrangula los recursos externos.
El problema no es solo económico, sino también social. Esta política, que supuestamente protege a la población, en realidad profundiza la desigualdad. Los hogares de mayores ingresos consumen más combustible y, por ende, reciben un mayor beneficio. En otras palabras, el Estado gasta miles de millones en un sistema que favorece a quienes menos lo necesitan.
La historia demuestra que revertir esta política no es tarea sencilla. El intento fallido de 2010 dejó una lección clara: no se puede desmontar el subsidio de la noche a la mañana sin generar riesgos de un estallido social. Un incremento abrupto del 60-80% en los precios del combustible desató una ola de protestas que obligó al Gobierno a dar marcha atrás en cuestión de días. La falta de consulta previa, una estrategia de comunicación deficiente y la ausencia de medidas de compensación convirtieron la reforma en un fracaso.
Esto no significa que el problema deba seguir ignorándose. Otros países han logrado reducir o eliminar los subsidios sin desatar crisis sociales incontrolables. La clave de esas experiencias fue implementar un ajuste firme, gradual y predecible, con incrementos progresivos en los precios que permitan a la economía adaptarse sin afectar drásticamente el costo de vida. Este esfuerzo fue acompañado de mecanismos de compensación efectivos para proteger a los más vulnerables.
En nuestro caso, entre las opciones viables, el Gobierno podría aplicar transferencias directas a los sectores de menores ingresos, otorgar subsidios bien focalizados en transporte público, o fomentar incentivos para el uso de energías alternativas. A la vez, es fundamental que la población perciba en qué se reinvierte el dinero que antes se destinaba a los subsidios. La transparencia será clave para generar confianza y respaldo social.
El desafío no es solo económico, sino también institucional. Sin reformas profundas en la gestión de las empresas estatales de energía, cualquier intento de cambio será un simple parche. Es imprescindible mejorar la eficiencia operativa, reducir pérdidas y evitar que los recursos públicos sigan drenándose en estructuras ineficientes. Además, deben establecerse mecanismos automáticos de ajuste que impidan que la política de subsidios se convierta en un arma política de corto plazo.
Desde un punto de vista técnico, el camino es claro. Primero, una campaña de comunicación efectiva que explique de manera sencilla los costos reales del subsidio y los beneficios de eliminarlo. Segundo, la identificación de los sectores y, sobre todo, las personas que serían afectadas. Luego, la creación mecanismos de compensación altamente focalizados que garanticen que el ahorro fiscal se traduzca en un impacto positivo para los más necesitados, quienes son debidamente identificados. Y cuarto, una modernización del sistema de distribución de combustibles para reducir el contrabando y hacer más competitivo el mercado.
El verdadero costo de la gasolina barata se encuentra en el futuro del país. Mantener el subsidio solo agrava el déficit fiscal y limita cualquier estrategia de recuperación y crecimiento. Postergar la decisión hará que el problema se vuelva aún más difícil de resolver.
La cuestión no es si Bolivia debe eliminar los subsidios, sino cómo hacerlo sin repetir los errores del pasado. Un plan técnico sólido, un proceso transparente y un enfoque que mitigue los efectos colaterales puede hacer la diferencia. Si el país no toma medidas ya, llegará el momento en que la crisis nos obligará a hacerlo de la peor manera posible. Es hora de diseñar e implementar sin tabúes.