El domingo volveremos a las urnas a elegir, disqué, a las nuevas autoridades del Órgano Judicial Plurinacional (OJP) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En el primer caso, se elegirá magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Agroambiental y consejeros del Consejo de la Magistratura.
Si se ha seguido la información sobre cómo hemos llegado a este punto, seguramente coincidiremos que ha sido un proceso lleno de vicios, mala fe, incumplimiento de normas, engaños y cuanto calificativo negativo se le pueda dar. Pero, corresponde señalar que incluso siguiendo puntillosamente (lo que no ha sucedido) lo que dispone la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes respectivas se trata de un proceso embrollado claramente dirigido a beneficiar a circunstanciales mayorías.
El primer paso es la convocatoria a la preselección de candidatos por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional a “seis meses para la fecha en que concluirá el mandato” de los magistrados y consejeros en funciones. Luego, las elecciones deberán “realizarse cuando menos treinta días antes del fenecimiento del mandato”. Paso inicial convertido en saludo a la bandera. Sigamos con el procedimiento teóricamente correcto: En el caso del TSJ, éste está compuesto por nueve magistrados que son elegidos en circunscripción departamental, lo que implica que en cada departamento se elige un magistrado y su suplente, de dos listas: una de mujeres y la otra de hombres. Saldrá electo el candidato con más votos: si es mujer, el suplente es automáticamente el hombre que ha sacado más votos, y viceversa. Para el Tribunal Agroambiental se elige por circunscripción nacional a siete magistrados que son los que más votos hayan sacado en la elección. Se elige cinco consejeros también por circunscripción nacional. Son siete magistrados los miembros del TCP, dos de los cuales deben ser provenientes del sistema indígena originario campesino por autoidentificación personal. Todos estos postulantes son elegidos por seis años improrrogables y tienen sus respectivos suplentes (que son los que menos votos han sacado en la elección) y salvo en el caso de los consejeros, no pueden ser reelegidos. Deben tener como mínimo 30 años de edad, aunque los magistrados del TCP 35. Pero, pese a esa reducida edad para cumplir semejante responsabilidad, se les exige ¡ocho años de experiencia acreditada! Para peor, sólo el Órgano Electoral está facultado para difundir la hoja de vida de los candidatos y si alguien lo hace, la sanción no cae sobre ese alguien sino sobre el postulante… en fin una serie de incongruencias que ratifican la necesidad de reformar estructuralmente el OJP y el TCP, tarea que deber tener prioridad. Reitero, incluso cumpliendo lo normado el proceso siempre será desastroso. Peor, obviamente, si además se incumplen las normas y se actúa al arbitrio de quien tiene más poder, entre otros (además del gobierno) los magistrados y consejeros elegidos en 2017 que, al concluir su mandato (el 31 de diciembre de 2023), decidieron autoprorrogarse y, como era de suponer, han puesto cuanto obstáculo se les ha imaginado para impedir que se realice esta elección. Por esos obstáculos, las elecciones del domingo son parciales. Sólo elegiremos a parte de los magistrados y consejeros, y los elegidos tendrán que compartir poder con los autoprorrogados. Además, tendremos que elegir sin saber a quien porque el OEP se ha aplazado rotundamente en la difusión de las hojas de vida de los candidatos. Así, pondremos nuestra cruz sobre el recuadro de algún candidato que algún conocido nos ha dicho que es “más o menos” mejor o no es masista o no es derechista o sabe que ha sido buen alumno… En fin, serán pocos, si los hay, los que sepan a favor de quien están votando. Obviamente, esto va en desmedro de los postulantes idóneos, que seguramente los hay, que pagarán por culpas ajenas: las de un puñado de facinerosos que idearon el método para que la imposición de autoridades judiciales por parte de mayorías circunstanciales tenga el disfraz de popular. Con esos antecedentes, sólo quedan dudas sobre cómo proceder, asumiendo que se va a cumplir la obligación constitucional de votar: elegir a quienes creemos que son candidatos idóneos; votar en blanco porque no conocemos a ninguno o anular el voto porque no estamos de acuerdo con esta forma de elegir a los magistrados y consejeros. Tristes alternativas para la elección del OJP y TCP que deberían ser guardianes de la pacífica convivencia ciudadana y de los derechos de la ciudadanía.