La población boliviana, el miércoles 19/02/2025, amaneció con la noticia del asesinato de un capitán de policía, cuando salía de su vivienda para llevar a su hija menor al colegio, al abrir el portón de su garaje, un vehículo interceptó su paso y de él descendieron dos sujetos armados, que le dispararon en veintisiete ocasiones, acertando en su humanidad, siete balas, que le causaron un shock hipovolémico por laceración de corazón y pulmón.
Por la gravedad de este horrendo hecho, llamo la atención que ninguno de los recientemente nombrados Fiscal General de la Republica y/o Fiscal Departamental, hayan ejercido la Dirección de las Investigaciones. Tuvieron que pasar treinta horas de este triste desfecho para que el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, usurpando funciones, se pronunciara, sin acreditar indicio probatorio alguno y de manera subjetiva, negó que el asesinato haya sido motivado por “ajuste de cuentas”, sino que “consideró” que tendría sido por “represalia” o “vendetta” del crimen organizado. Que serían las mismas personas que en el pasado tendrían intentado matar a un sujeto de seudónimo "El Colla", supuesto testaferro de Sebastián Marset. Señalando que “cree” que el asesinato es una represalia del crimen organizado frente a quienes combatimos estas mafias, que indudablemente están vinculadas a sicariato.
En primera instancia y ante cualquier asesinato sin un autor identificado, toda la sociedad en su conjunto viene a ser sospechosa de la autoría del crimen, en el caso del capitán, hasta el viceministro, por su dependencia funcional con este. Sin embargo y a pesar de que el art. 70 del procedimiento penal y 3 de la Ley de Fiscales, ordena que corresponde al Ministerio Público dirigir las investigaciones de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Fue el viceministro el que se pronunció públicamente respecto al hecho, como si Director de las Investigaciones fuese, y ya identifico a los posibles autores, dando sus nombres, cuando correspondía emitir los correspondientes requerimientos fiscales de aprehensión, pero que ahora ya están en la clandestinidad.
Explico que en la identificación de los presuntos autores se utilizó la antropometría, utilizando la comparación del video del asesinato del capitán con otros videos de diversos sicariatos y la forma de caminar, contextura física, los saltos, zapateo, la estatura, serian su sustento probatorio para acusar a los posibles autores del sicariato del capitán. Al respecto, discordamos en su totalidad, ya que la antropometría a la que se refiere el viceministro, constituye el estudio de la medición del cuerpo humano en términos de las dimensiones del hueso, músculo, y adiposo del tejido, lo que no ha sucedido en el caso sobre análisis ya que él, al momento de su conferencia, la autoridad no contaba con los cuerpos de los supuestos sicarios. Por el contrario, precisaría del “ADN”, las huellas digitales, la voz grabada, la dentadura, que, si le permitirían identificarlos plenamente, empero no ha sucedido.
Las falacias del viceministro y la notoria ausencia de las cabezas del Ministerio Público, perjudican enormemente el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos y que precisa resolver la gran incógnita de quienes fueron los autores materiales e intelectuales y el motivo que causo la infame decisión de asesinar al oficial de policía. Es imperioso manifestar que la decisión de asesinar al uniformado tuvo un derrotero previo donde primeramente maduro la idea, hasta decidir asesinar, pasando por decidir quienes serian los sicarios perfectos, determinando los medios de comisión del delito (las armas, el vehículo para transportar a los sicarios, el garaje del motorizado, el avión para salir, su contratación, la evasión de los controles del aeropuerto, el borrar los rastros en la adquisición de dichos ítems, etc). Y, a pesar de cometer un crimen contra el Estado boliviano, persistieron en su cometido.
O es que los asesinos sabían que los órganos de investigación jamás conseguirían los elementos probatorios de la presencia de estos al interior del aeropuerto El Trompillo y/o del abordaje de la aeronave que los hizo fugarse. Que los policías de la FELCN del aeropuerto que revisan todas las aeronaves no coincidirían con los identificados por el viceministro. Que el personal de la DGAC no identificaría al piloto de la avioneta al gestionar la autorización de la salida de la aeronave.
Que no obtendrían las fotografías dese la Administración Nacional de Hidrocarburos (ANH) que logran con el sistema “B- Sisa” y pudieran permitir conocer el rostro de las personas que cargaron combustible a los tres vehículos clonados. Que no indagarán la corrupción al interior de la ANH por otorgar los chips a los automotores clonados. Siendo que, por mandato de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya en el año 2014, la ANH informaba que se detectaron 33.697 motorizados circulando ilegalmente; de los cuales 10.595 con placas clonadas; 7.512 copias no validas de placas robadas; 5.483 placas inexistentes y 10.107 vehículos sin placas.
Que, a pesar de que el capitán fue acribillado al interior de un vehículo sin matriculas de circulación, identificado como robado en Chile por el jefe de Grupos de Búsqueda de Vehículos Robados en dicho país, Hugo Bustos, quien ha denunciado que existen al menos 130 uniformados de la Policía Boliviana, actualmente cumpliendo funciones, que están involucrados con el robo de vehículos mapuches. Quien, en el pasado identifico a un jefe policial de frontera, aunque no mencionó nombre, empero que lo apunto como ser parte de una organización criminal en Bolivia. Así como, señalo haber denunciado al propio presidente de la República en virtud a que éste públicamente entrego en favor de terceros un carro sustraído. No será indagado.
Y, finalmente, el tuit del presidente Arce que pide no politizar este caso, por lo que ya pidió al Ministro de Gobierno, Fiscalía y Policía, “acelerar” las investigaciones, denotando la manipulación desde el ejecutivo a los órganos de administración de justicia. Más, las afirmaciones del Sr. Padre del oficial fallecido, un general jubilado de la policía, que dijo que ““La justicia divina quien se hará cargo de algunos hombres que gozan ahora del poder político”. Dan cuenta que jamás sabremos quienes fueron los verdaderos autores materiales ni los intelectuales, mucho menos la motivación del hecho; como en el pasado y ante el asesinato de otro policía, el teniente de la Felcn José Agustín Tórrez Álvarez, al interior de un edificio en inmediaciones de la Fiscalía y cuando el viceministro aguilera señalo que se trataba de un agente encubierto, desmentido oficialmente por la Fiscalía, y que afirmo no descansar hasta aprehender a los criminales, empero que hasta la fecha la sociedad no conoció resultado alguno.