La historia política en Bolivia tiene una inquietante tendencia a repetirse. No como simple coincidencia, sino como patrón estructural. Los ciclos de poder, lejos de romperse, se reciclan. Los gobiernos que emergen con la promesa de cambio terminan reproduciendo las mismas prácticas que criticaron, abriendo, inevitablemente, el camino para el retorno de aquello que se pretende superar.
En ese sentido, la posibilidad del retorno del evismo —o del masismo en cualquiera de sus nuevas versiones— no es una hipótesis descabellada. Es, más bien, una consecuencia previsible si el actual gobierno no logra diferenciarse sustantivamente del pasado. La historia reciente lo demuestra con claridad: cuando una alternativa fracasa, la sociedad, por frustración o desencanto, termina regresando a lo conocido, aun cuando ello haya significado, en su momento, un profundo deterioro institucional y económico.
Para evitar ese desenlace, la responsabilidad recae enteramente en el gobierno de Rodrigo Paz. No basta con haber ganado las elecciones ni con haber capitalizado el desgaste del ciclo anterior. Gobernar implica cumplir promesas y, sobre todo, romper con las inercias históricas que han marcado la política boliviana.
El mandato es claro. Rodrigo ofreció cambiar la forma de hacer política, cero tolerancia a la corrupción, estabilizar la economía y emprender reformas estructurales profundas. Entre ellas, la más urgente y trascendental: la reforma de la justicia. Acabar con los consorcios judiciales, desmontar las redes de poder enquistadas en los tribunales y recuperar la credibilidad del sistema judicial no es solo una promesa de campaña; es una condición indispensable para cualquier transformación real del Estado. A ello se suma la necesidad de reformar la Policía, otra institución atravesada por prácticas corporativas y altos niveles de descomposición interna.
Sin embargo, a pesar del corto tiempo de gestión, ya comienzan a aparecer señales preocupantes. Es cierto que aún no se puede emitir una evaluación definitiva. Pero en política, las señales iniciales suelen ser determinantes. Y esas señales no son alentadoras.
La corrupción, lejos de desaparecer, parece persistir bajo nuevas formas. La justicia, por su parte, no ha dado muestras claras de transformación. Más allá de anuncios y eventuales reformas normativas, no se percibe un cambio estructural en su funcionamiento. Y en política, cuando las percepciones no cambian, la legitimidad se erosiona rápidamente.
A ello se suma un elemento particularmente grave: los “terribles” daños ocasionados por la gasolina “basura”, y sin subvención, que comercializa el Estado. Este hecho, por su magnitud y sus consecuencias, ha golpeado duramente la credibilidad del gobierno. Miles de litros de combustible adulterado han sido comercializados, afectando a miles de vehículos y generando un daño económico difícil —por no decir imposible— de reparar en el corto plazo.
Este episodio no es un error menor. Es un símbolo. En política, los símbolos importan tanto como los resultados. Y este símbolo proyecta una imagen de incompetencia, de falta de control y de ausencia de responsabilidad en la gestión pública. Todo lo positivo que eventualmente el gobierno haya logrado —como la estabilización del tipo de cambio o el control de la inflación— queda opacado frente a un escándalo de esta naturaleza.
El riesgo es evidente. Este tipo de errores no solo desgastan al gobierno; pueden activar dinámicas de conflictividad. No es descabellado pensar en escenarios de protesta que, incluso, lleguen a cuestionar la continuidad del presidente cuando aún no ha cumplido seis meses de su mandato. En un país con alta sensibilidad política, la pérdida de confianza puede traducirse rápidamente en crisis.
En este contexto, Evo Morales observa. Y no solo observa: se prepara. Los resultados de las recientes elecciones subnacionales han demostrado que su capital político no ha desaparecido. Por el contrario, mantiene una base sólida, especialmente en regiones estratégicas como Cochabamba, donde ha logrado consolidar espacios de poder territorial. Desde ahí, proyecta su retorno.
La paradoja es inquietante. Un liderazgo que ya tuvo la oportunidad histórica de transformar el país —y que, sin embargo, terminó profundizando prácticas autoritarias, corruptas y clientelares— podría volver, no por sus méritos, sino por los errores de sus adversarios. La historia, en ese sentido, no perdona vacíos: los llena.
La posibilidad de evitar ese retorno está, hoy por hoy, en manos de Rodrigo Paz. No es una cuestión ideológica, sino de gestión. Si el actual gobierno logra marcar una diferencia real —en la lucha contra la corrupción, en la reforma de la justicia, en la eficiencia económica y en la calidad institucional—, el evismo quedará políticamente enterrado. Pero si reproduce las mismas prácticas, si decepciona a sus electores, si traiciona las expectativas de cambio: estará allanando el camino para su regreso.
Bolivia parece atrapada en un ciclo recurrente. Como advertía Nietzsche, el “eterno retorno” no es solo una idea filosófica, sino una posibilidad concreta cuando las sociedades no logran romper con sus patrones históricos. En nuestro caso, ese retorno adopta una forma particular: no hay verdaderos cambios de gobierno, sino relevos de élites que comparten las mismas prácticas, los mismos vicios y las mismas ambiciones.
Romper ese ciclo es el gran desafío. Y también la gran oportunidad.
Si Rodrigo no lo entiende —o no lo asume—, la historia volverá a repetirse. Y esta vez, ya no por sorpresa, sino por negligencia.