Bolivia se encuentra al borde de un colapso institucional sin precedentes. El Estado ha dejado de cumplir sus funciones esenciales: garantizar derechos, impartir justicia, propiciar el desarrollo y asegurar la estabilidad económica. Esta descomposición se ha visto agravada por una abierta subversión que pretende interrumpir no solo el proceso electoral, sino también la alternancia democrática, al exigir la renuncia del presidente constitucional.
Sectores afines a Evo Morales han iniciado bloqueos en diversas regiones del país, exigiendo su habilitación como candidato presidencial, pese a las restricciones legales que lo inhabilitan. Estas acciones han sido calificadas por autoridades gubernamentales como intentos de desestabilización y amenazas de golpe de Estado.
Es crucial diferenciar entre las legítimas protestas ciudadanas, motivadas por la crisis económica, y los afanes golpistas que buscan interrumpir el proceso democrático mediante la coacción y la violencia. La democracia boliviana enfrenta desafíos severos que exigen una respuesta unificada, firme y comprometida por parte de los actores políticos y sociales.
La economía nacional pende de un hilo. La escasez de divisas, la vulnerabilidad financiera, la caída de la inversión y la amenaza constante de conflictos agravan un escenario ya precario. Por ello, la responsabilidad política debe incluir la preservación de condiciones mínimas que eviten un colapso económico, garanticen la continuidad de las actividades productivas esenciales, protejan el abastecimiento de alimentos y combustibles, eviten medidas fiscales temerarias y preserven la estabilidad del sistema bancario. No se trata de imponer recetas, sino de actuar con sensatez y responsabilidad, al menos hasta que un nuevo gobierno pueda adoptar decisiones estructurales. Ninguna transición democrática será viable en un país devastado.
Frente a este panorama, se impone algo más que una oferta electoral; se necesita un compromiso. Un compromiso público, suscrito por todos los candidatos que aspiren a conducir los destinos del país a partir de 2025. Un compromiso que parta de un diagnóstico honesto, que reconozca las limitaciones del momento y se concentre en garantizar lo esencial: la legalidad del proceso electoral, la paz social, el respeto efectivo de los derechos fundamentales, la preservación del pluralismo democrático y el resguardo de la economía nacional. Un pronunciamiento claro que condene cualquier intento de ruptura constitucional o aventura autoritaria. No hacerlo es exponerse al colapso total.
Ese compromiso, guiado por principios, debe ser claro y comprensible. No se trata de uniformar propuestas ni de suprimir diferencias, sino de establecer una base mínima común desde la cual sea posible construir un porvenir viable. Una especie de salvavidas institucional para que Bolivia no se hunda antes siquiera de llegar al día de la votación.
Las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los medios independientes y los ciudadanos más conscientes tienen el deber de impulsar este esfuerzo. No para imponerlo, sino para convocarlo. No como una componenda, sino como una señal de madurez. Porque si los actores políticos no son capaces de coincidir siquiera en parámetros democráticos mínimos, será la ciudadanía quien deba marcar el rumbo.
Bolivia no necesita un milagro; necesita coraje. Coraje para mirar de frente el fracaso institucional que nos consume; para aceptar que el Estado ya no protege, ni educa, ni arbitra, ni juzga. Coraje para asumir que ningún candidato, por brillante que sea su oratoria o abundante su billetera, podrá ser el salvador solitario de un país que se resquebraja desde dentro. Y coraje, sobre todo, para convocar - desde la sociedad y no desde los pactos oscuros del poder - un acuerdo mínimo de supervivencia democrática, donde la República no sea solo una evocación, sino un horizonte. No una nostalgia, sino una esperanza.
Es tiempo de exigir compromisos reales. Que cada candidato diga hoy, con claridad y sin evasivas, si está dispuesto a defender la libertad, la democracia, la legalidad, la vida y la dignidad de los bolivianos.
No después: Ahora