La política del miedo ha dejado de ser una metáfora en Bolivia. Hoy se expresa con nombres y apellidos. “Sabemos dónde viven sus familias”, advierten dirigentes del ala evista del MAS. Lo dijeron sin rubor, en plena conferencia de prensa, como quien lanza un ultimátum y espera rendición inmediata. Su blanco: los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Su método: la intimidación. Su causa: la habilitación de Evo Morales, pese a que la ley lo prohíbe.
La amenaza no fue abstracta; fue concreta y personalizada. Enrique Mamani, dirigente intercultural, dio detalles de domicilios y anunció que revelarán identidades de familiares si no se libera a 27 detenidos por disturbios. No es una demanda política, es un chantaje. No es protesta social, es terrorismo discursivo.
Y es también un método mafioso. Porque cuando se amenaza a funcionarios públicos utilizando información personal, cuando se recurre al hostigamiento de familiares para forzar decisiones institucionales, ya no hablamos de política, sino de crimen organizado. Esa es la lógica de los narcotraficantes: amedrentar con violencia encubierta y torcer la voluntad ajena mediante el miedo.
Días antes, el diputado Héctor Arce - sí, nada menos que un legislador nacional - ensayó la misma táctica contra el coronel José Illanes, jefe policial supuestamente encargado de ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales. “Sabemos dónde vive su familia”, le advirtió. Y cuando la amenaza fue denunciada, se escudó en tecnicismos retóricos, como si el delito desapareciera cuando se lo formula con tono coloquial.
Estamos, pues, ante un patrón que ya no puede ser minimizado. Miembros del Legislativo y dirigentes de supuestos “movimientos sociales” están empleando prácticas propias del hampa, sin ningún pudor y a plena luz del día. No son luchadores populares. Son operadores sin escrúpulos, capaces de cruzar cualquier límite. Y lo hacen porque sienten que todavía tienen poder para imponer su voluntad.
La marcha “evista” hacia el TSE, que acabó con policías heridos, y la conferencia en la que se divulgó información privada sobre autoridades electorales, no son hechos aislados. Son parte de un mismo dispositivo: presión callejera, manifestaciones violentas, discursos amenazantes y ataques personalizados. Como para demostrar que no se trata de bravatas sin sentido o meros alardes, un explosivo fue detonado frente al domicilio del vocal del órgano departamental de Cochabamba, Humberto Valenzuela. De modo que no caben dudas: la violencia es real, ya se pasó a la acción. El objetivo no es otro que paralizar a la justicia y doblegar al árbitro electoral, con el afán de preservar la impunidad de su líder.
Peor aún, este clima no es sólo político: ha comenzado a permear la vida cotidiana con signos alarmantes. La aparición recurrente de cuerpos con signos de ejecución, ajustes de cuentas y asesinatos a sangre fría, especialmente en zonas donde se perciben actividades ilegales, refleja un crecimiento sostenido de prácticas mafiosas, que antes eran inusuales y hoy se tornan sistemáticas y frecuentes. La frontera entre el delito común y el crimen organizado se ha vuelto borrosa, mientras las autoridades titubean.
¿Qué ha hecho el Gobierno? Hasta ahora, casi nada. Condenas tibias, silencios cómplices, cálculos políticos. Nadie quiere enfrentarse a quienes aún dicen hablar en nombre de Evo. Ni el ministro de Gobierno ni la Fiscalía han anunciado acciones penales firmes. ¿Esperan que una amenaza se cumpla para reaccionar?
Es hora de trazar una clara línea divisoria. No entre “evistas” y “renovadores”. No entre “izquierda” y “derecha”. Sino entre legalidad y criminalidad. Entre civilización y barbarie. Entre política y mafia.
La justicia no puede negociar con la intimidación. Si la amenaza se normaliza, si el chantaje se tolera y se impone, y si la violencia se recompensa, cederemos ante una forma de dominio mafioso. Y bajo ese régimen, todos viviremos sometidos al miedo.
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