Hoy, 7,3 millones de bolivianos estn obligados a acudir a las urnas para elegir a las altas autoridades del Poder Judicial, mejor dicho a algunas de ellas, porque se trata de una eleccin cercenada a punta de sentencias de un Tribunal Constitucional Plurinacional con miembros autoprorrogados o que alargaron su mandato en una accin altamente cuestionada por el pas.
La mayora de los electores acudir a las urnas por obligacin antes que por conviccin. Los aspirantes a magistrados son desconocidos y se cree que tienen vinculaciones polticas. Tampoco ha sido suficiente la socializacin de las papeletas y no todos saben cuntas veces tienen que marcar; en qu casos se elige a autoridades por departamento o cules son los que tendrn representacin nacional. Los candidatos son desconocidos a pesar de que algunos hicieron campaa, pese a que esta estaba prohibida.
La conviccin mayoritaria es que esta eleccin no cambiar la realidad nacional: la justicia est en deplorables condiciones y que haya nuevas autoridades no parecer ser suficiente para transformar una estructura pesada y con mala imagen.
Oficialistas y opositores reconocieron en innumerables ocasiones que la eleccin judicial fue un error de la Constitucin Poltica del Estado, ya que con ella se dej a un lado la meritocracia de los notables que deberan administrar justicia. En cambio, tenemos magistrados funcionales al Gobierno que solo han fallado para sobredimensionar el poder central.
Las sentencias constitucionales que pospusieron y mutilaron la eleccin judicial de esta jornada son un psimo precedente y pueden estar marcando la ruta que seguirn las elecciones presidenciales. Cabe anotar que los magistrados autoprorrogados son los que se quedarn en el Tribunal Constitucional durante tiempo indefinido, porque fueron ellos mismos los que impidieron que se celebren comicios para este alto tribunal en cinco regiones. Es as que solo habr cuatro nuevos magistrados, mientras que los actuales (altamente cuestionados) se mantendrn en sus cargos y seguirn teniendo poder para bloquear cualquier proceso en el pas. Ya actuaron para anular al Legislativo y al Electoral.
Ese es el contexto de lo que hay en este momento. Qu puede hacer el ciudadano? Su obligacin es votar. En las dos anteriores elecciones judiciales ganaron los votos blancos y nulos, lo que representaba el rechazo ciudadano a los comicios para elegir autoridades judiciales; sin embargo, esto ayud al triunfo con bajsima representacin de magistrados controvertidos y no siempre probos.
Durante las ltimas horas circularon en redes sociales varias frmulas de voto, tanto del oficialismo como de la oposicin. Lo que el ciudadano tendra que hacer es actuar con responsabilidad; es decir, informndose sobre quines son los candidatos, qu antecedentes tienen, no solo la hoja de vida, sino fundamentalmente en su desempeo profesional. En otras palabras, que el acto de sufragar no sea un automatismo por cumplir, ya que el ciudadano tiene el poder del voto en sus manos.
Mientras tanto, queda una deuda pendiente: la reforma de la justicia. Hay que recordar que el gobierno de Luis Arce anunci una cumbre al llegar al poder, pero no cumpli. Un grupo de juristas independientes intent que haya una reforma constitucional para hacer cambios de fondo, pero esto tambin se frustr a medio camino.
La institucionalidad de la justicia est venida a menos y urge un acuerdo poltico para hacer los cambios que sean necesarios en el sistema judicial imperante.