El caso del vuelo privado procedente de Estados Unidos que aterrizó en el aeropuerto internacional de Viru Viru el 29 de noviembre de 2025, con 32 maletas registradas a nombre de solo dos personas, expone una cadena de debilidades estructurales en los sistemas de control del principal aeropuerto del país, así como una preocupante falta de acciones policiales y judiciales oportunas.
El ingreso de un vuelo internacional activa un protocolo claro y conocido. Migración controla el ingreso legal de las personas; la Aduana revisa el equipaje y su contenido; la seguridad aeroportuaria custodia las áreas restringidas y los traslados; y las instancias antinarcóticos tienen competencia para actuar ante cualquier indicio. No se trata de un sistema informal ni improvisado, sino de una cadena institucional que debería funcionar de manera coordinada y eficaz.
Sin embargo, los hechos posteriores indican que ese engranaje no operó como corresponde. Si, como se investiga, parte del equipaje que ingresó en ese vuelo terminó semanas después en un inmueble privado, conteniendo marihuana, armas y divisas, la pregunta central es cómo este equipaje salió del aeropuerto sin ser detectado.
Este vuelo, además, estaba precedido por una alerta de organismos internacionales, lo que debió activar de inmediato los sistemas de Migración o Interpol en Bolivia. ¿La alerta fue ignorada o mal procesada? Lo cierto es que no se tradujo en una orden operativa concreta, como la retención de la aeronave o la interrogación exhaustiva de los pasajeros y la tripulación.
También debió llamar la atención que 32 maletas estuvieran registradas a nombre de solo dos personas. Se trataba, sin duda, de un volumen completamente atípico para un vuelo privado internacional, considerado de alto riesgo aduanero y procedente, además, de Estados Unidos, país con el que Bolivia mantiene controles recíprocos severos.
Luego se suceden una serie de presuntas irregularidades. Entre ellas, la utilización de un pasaporte diplomático por parte de una exdiputada, pese a que ese documento ya había sido anulado de oficio por la Cancillería. Se supone que los controles migratorios debían estar informados de esta situación. Asimismo, las maletas permanecieron en el recinto aduanero durante cuatro días, una custodia prolongada que abre la puerta a presiones externas y a la posible manipulación de evidencias. Posteriormente, el equipaje fue liberado, supuestamente a solicitud de la misma exdiputada, cuando la Aduana no puede autorizar la salida de equipaje sin un respaldo legal claro.
El caso se torna aún más grave cuando parte de ese equipaje fue encontrada en galpones de una empresa de seguridad, cuyo principal accionista sería nada menos que un juez anticorrupción, actualmente aprehendido. El hallazgo se produjo tras un allanamiento realizado por la Felcn, que encontró paquetes de marihuana en el inmueble. Este operativo se llevó a cabo recién la semana pasada, momento en el que el caso salió a la luz pública. La Felcn también deberá explicar por qué no intervino de inmediato en las instalaciones aeroportuarias para realizar pruebas de campo y comunicar oportunamente al Ministerio Público sobre esta situación irregular.
Frente a la información preliminar y tardía que se ha presentado —y que involucra a personas de relevancia pública y pone en evidencia fallas encadenadas en los controles aeroportuarios— urge que las instituciones del Estado y del sistema judicial actúen, de ahora en adelante, con total transparencia y firmeza. Son demasiadas las preguntas que deben ser respondidas con claridad, porque lo que está en juego no es solo este caso, sino la credibilidad misma de los controles del Estado boliviano y de las instituciones responsables de la seguridad aeroportuaria, una credibilidad ya deteriorada por otros sonados casos de tráfico de drogas ocurridos en esta misma terminal aérea en gestiones anteriores.