Gobernar sin partidos políticos constituidos, estables y que defiendan una posición ideológica determinada, es complejo, pero el tema se agudiza en mayor proporción cuando estás saliendo de un proceso autoritario y corrupto que ha gobernado durante 20 años, y, aunque disminuido en su representación democrática institucional, no ha mermado su capacidad organizativa de movilización y presión callejera.
Y es que el masismo nos ha dejado una herencia perversa en todos los sectores de la sociedad, no solo una economía devastada, una profunda crisis energética, una perversión moral que abarca muchos sectores de la sociedad, sino también un sistema político y electoral perverso que no tiene los estándares modernos de una sociedad democrática, libre y que sienta una representación plena y confiable en sus autoridades elegidas.
El sistema de partidos, con todos sus defectos, que se construyó en la década de los 80 y que gobernó hasta la muerte del general Banzer en el 2001, fue el mejor experimento social que tuvimos en la vida republicana. Liderazgos con visión de Estado, respeto a los acuerdos partidarios, discusiones apasionadas y profundas en el Parlamento, capacidad para ponerse de acuerdo en los temas que iban a trascender una gestión gubernamental, como lucha contra el narcotráfico, venta de gas a Brasil y Argentina, estabilidad económica y política cambiaria, alternabilidad del poder y certidumbre de cumplimiento de las gestiones constitucionales.
Este sistema fue torpedeado desde adentro. Primero fue Carlos D. Mesa, que pese a haber sido elegido por el MNR, despreció el partido que lo llevo al poder, creó su propia bancada con parlamentarios de varios partidos, creó los “transversales” que los manejaba a través de canonjías y otros premios desde el poder ejecutivo, y en alianza con el MAS; no solo destruyeron el sistema de partidos, sino que también lo criminalizaron.
Hoy nos topamos con un problema generado por la desinstitucionalización del país: el intento de gobernar con un partido único y la falta de visión de los candidatos eternos de los últimos 20 años de no construir institucionalidad política.
Un movimiento político, NGP, que es un taxi-partido que solo busca beneficios económicos para sus dirigentes, ha retirado el apoyo a su candidato, lo ha presentado al TSE, y este ha dictado una resolución anulando su candidatura en segunda vuelta. Y salen los dirigentes políticos a reclamarle al Gobierno por una situación en la que nada tiene que ver el Poder Ejecutivo. Lo curioso es que desde el Chapare se hace el mismo tipo de declaración que desde el aeropuerto de El Alto.
Me da la impresión que nadie todavía ha asimilado su derrota.
El problema de fondo en esta situación, es la ausencia de un sistema político constituido, donde los partidos sean instituciones estables, que formen líderes, que se sustenten en ideologías, que estén preparados para consolidar la democracia en un Estado que enfrenta los problemas de una transición posautoritaria y que garantice una salida de fondo a los problemas estructurales que enfrentamos.
En Perú, todos los elementos de una democracia estable y consolidada se han destruido o han desaparecido, mientras que en Argentina y Uruguay todavía muestran una vigencia significativa e importante.
La solución a este tema no es el bloqueo, ni mental ni de carreteras, sino un acuerdo político de las fuerzas democráticas de cambiar la Ley Electoral, hacer un compromiso de crear y fortalecer un sistema de partidos que tengan la capacidad de acordar temas de Estado que nos garanticen una democracia a largo plazo, mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos y una vida en libertad para todos los bolivianos.
Miremos con luz larga el futuro de la patria, no discutamos una gobernación, sino un tipo de Estado que queramos construir entre todos.