Hace algunos das, los bolivianos asistimos a elegir una vez ms a las mximas autoridades de las cuatro instituciones del rgano Judicial, que ejercern sus cargos por seis aos. Y lo hicimos obligados por el mandato de la Constitucin, bajo amenaza de sanciones pecuniarias y ante el riesgo de vernos impedidos de ejercer derechos ciudadanos que nada tienen que ver con este proceso.
De las tres elecciones judiciales realizadas hasta ahora, quiz la peor fue la que acabamos de protagonizar: se llev a cabo con un ao de retraso, lo que viabiliz la autoprrroga inconstitucional de las anteriores autoridades; la preseleccin no logr consensos y estuvo plagada de serias sospechas de fraude en los exmenes orales; alcanz nicamente al 70% de los cargos, debido a la decisin judicial de anular la eleccin de Vocales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en cinco departamentos y de Magistrados al Tribunal Supremo de Justicia en cuatro.
Una de las contradicciones de este proceso fue que, pese a que la norma los invita a ser candidatos, prohbe a los participantes hacer campaa, a riesgo de ser inhabilitados. Esto ha generado que todos, sin excepcin, hicieran propaganda a travs de las redes sociales (que no son controladas) o usaran a terceros para promocionar su imagen o denostar a los rivales. Es decir que la primera accin de las nuevas autoridades de la justicia boliviana fue identificar las debilidades de la Ley para vulnerarla.
La eleccin judicial, junto al pluralismo jurdico, estn entre las consecuencias ms nefastas de haber adoptado una Constitucin improvisada, ahistrica y excluyente, construida para mantener un modelo de poder sustentado en el partido nico. La actual Carta Magna orienta la conformacin del rgano Judicial hacia el reemplazo de la meritocracia, la formacin acadmica y la tica, por la sumisin al poder, la obsecuencia y la rendicin del Derecho a la Poltica.
Este modelo no solo pervirti al rgano Judicial, convirtindolo en un apndice del Ejecutivo, sino que agrav an ms la retardacin, la discriminacin, la corrupcin y la impunidad, los males ancestrales de la justicia boliviana, conduciendo al pas a un colapso total en la materia. Una prueba de ello es el ndice Mundial del Estado de Derecho 2023, que nos ubica en el lugar 131 de 142 pases calificados, el puesto ms bajo desde que inicio esta medicin, superado incluso por naciones como Nicaragua o Hait. Las peores notas de Bolivia corresponden a justicia penal, justicia civil, corrupcin y respeto a los derechos fundamentales. En los hechos, las elecciones de jueces por voto popular, solo han formalizado el control poltico, ya que los ganadores de los anteriores comicios fueron designados por cuoteo previo y oculto, legalizados por comisiones parlamentarias de mayora oficialista, y legitimadas por una mnima votacin ciudadana (el actual presidente del Tribunal Constitucional fue elegido por 29.000 votos de un total de 6.4 millones de electores), es decir que en realidad la eleccin popular resultaba siendo un engao. Este experimento electoral tuvo un costo muy alto. En trminos econmicos, los procesos de 2011, 2017 y 2024 significaron la erogacin directa de casi 600 millones de Bolivianos; sin embargo del costo mayor fue poltico. En los ltimos aos, el TCP emiti fallos cuestionables que alteraron la institucionalidad democrtica, como la autorizacin de la postulacin indefinida, la sucesin constitucional, la ampliacin de mandatos ms all de lo que permite la Constitucin, entre otros. La evidente parcialidad poltica de las autoridades y la falta de transparencia de los operadores de justicia, se manifestaron en un derrumbe total de la confianza pblica que, segn una encuesta de octubre pasado, alcanza al 92% de personas que desaprueban al sistema judicial boliviano. Incluso a nivel internacional hay una mirada muy crtica sobre el tema. El abril de 2023, la Comisin Interamericana de DDHH tras su visita oficial a Bolivia seal que La falta de acceso a la justicia en Bolivia est provocada por falencias normativas y debilidades institucionales; y la ausencia de independencia judicial. Luego de la experiencia del pasado domingo es ya evidente que el modelo de eleccin de jueces por voto directo ha fracasado en Bolivia, no solo porque facilit la prdida de independencia del rgano Judicial, sino que impidi la reforma estructural de la justicia y cre un supra poder ilegtimo y desprovisto de control y fiscalizacin. La recuperacin del poder judicial, as como el retorno al modelo de designacin de las mximas autoridades por mrito, debe ser una prioridad en la agenda nacional. Un sistema judicial confiable e independiente garantiza que la democracia funcione en la prctica porque sin justicia, no hay libertad ni igualdad verdadera.