No me cansaré de reivindicar esta sentida necesidad de la política nacional. Vengo insistiendo en ello, desde 1977 en varios artículos de opinión, publicados en periódicos nacionales, a casi 50 años de la fecha.
La falta de cargos públicos institucionalizados es una de las falencias más graves que tiene el Estado Boliviano, que necesita ser corregida, si queremos tener verdaderos servidores públicos meritocráticos y estables, que trabajen por el bien común, independiente de los mandatarios coyunturales. Los que tenemos no son funcionarios públicos, son mayoritariamente funcionarios del partido de turno.
Ni neoliberales, ni narco-masistas me dieron pelota, pero seguiré insistiendo en ello. Necesitamos modernizar y legitimar la administración pública, tal como la tienen los países del vecindario, para no mirar más lejos.
Hace poco tiempo, el presidente Rodrigo Paz hacía notar lo que estaba pasando en el interior de YPFB: “En palabras del mandatario, al interior de la estatal petrolera hay instaladas “mafias” que operan desde dentro y realizan “boicots” en contra de la empresa.” (El Deber 06-02-26). Señor presidente, la grave falencia que usted apunta, se debe precisamente a la falta de funcionarios públicos institucionalizados.
A fines del siglo pasado, se hicieron esfuerzos al respecto, con apoyo de organismos internacionales, a quienes les queda claro la vital importancia de este tema. Conocí la experiencia en el sistema financiero nacional, donde trabajaba en la época. Vi en primera persona la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, bajo la gestión de Jacques Trigo, que recibió apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) a finales de los años 90. Este respaldo fortaleció la regulación bancaria, la supervisión basada en riesgos, el manejo de crisis financieras e institucionalizó los cargos de la Superintendencia. Desgraciadamente la llegada del MAS al poder, tiro por la borda todo este esfuerzo, volviendo al viejo sistema de elegir funcionarios públicos a sus afines ideológicos, bajo el simulacro de un concurso de méritos.
Para desdicha de todos, los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas no han tomado este importante asunto con la seriedad que merece, principalmente porque los cargos públicos son una fuente de pegas para la militancia, taras de un pasado que es necesario superar y que convierte a los partidos políticos en agencias de empleo para oportunistas, que por lo general no buscan servir a la patria, sino servirse de ella.
Es de conocimiento de la ciudadanía que, en cada cambio de gobierno, se procede también a un fuerte cambio en administración pública, ralentizando en buena medida el arranque de la gestión y a veces incluso la boicotean, como lo expuso líneas arriba Rodrigo Paz en YPFB, y también lo sintió en carne propia la expresidenta Janine Añez. Los nuevos funcionarios tardan unos 6 meses en adaptarse y comenzar a producir. Así mismo, los 6 meses previos a las elecciones generan inestabilidad laboral y presión para trabajar “voluntariamente” en la campaña que se avecina. Este efecto combinado provoca una paralización del aparato estatal de alrededor de un año, tanto en elecciones nacionales como municipales, un lujo que el país no puede darse.
Un país pobre como el nuestro, donde más que en otros los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, debe tener a sus mejores hijos administrando la cosa pública; que es nuestra empresa más importante, para que de esta manera se administre con sabiduría la pobreza.
Los funcionarios públicos deberían ser escogidos mediante un concurso de mérito, para de esta forma garantizar tanto su idoneidad como también la imparcialidad del gobierno de turno respecto a su elección. Esto dará al funcionario la tranquilidad necesaria que da la estabilidad laboral de largo plazo. Los funcionarios públicos escogidos de esta forma, deben ser los mejor pagados del país, puesto que en sus manos se encuentra en gran manera el destino de la patria. Así como también, para inmunizarlos contra el virus más común de la administración pública, como es la corrupción.
Ya es hora que la ciudadanía en general y los políticos en particular, tomen en su debida dimensión esta imperiosa necesidad, puesto que dignificar al funcionario público, significa dignificar la nación.
(*) jimiortizsaucedo@gmail.com